El presidente Iván Duque Márquez anunció este viernes que radicará un proyecto de ley ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, para prorrogar durante un período de 10 años más la Ley de Víctimas, cuya vigencia está determinada hasta el año 2021.
De esta manera, la norma, que fue sancionada en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, podría extenderse hasta el 2031 y continuar con su objetivo de “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas” a las personas que han resultado afectadas por el conflicto armado colombiano, estimadas actualmente en unas ocho millones.
Sin embargo, se abren varias preguntas sobre si la inicaitiva que radicará el presidente podría la decisión no caería muy bien en el uribismo y el Centro Democrático, partido desde el que se intentó, sin éxito, hacer modificaciones, básicamente porque no tuvieron eco en las diferentes bancadas en el Congreso de la República.
Contexto: Petición de ampliar la Ley de Víctimas, a audiencia Pública en la Corte Constitucional
En octubre de 2018, en tiempos en que la senadora María Fernanda Cabal había radicado una iniciativa legislativa para hacerle cambios a la norma, decenas de organizaciones civiles y congresistas solicitaron el archivo del proyecto, pues consideraban que desnaturalizaba “el derecho fundamental a la restitución de tierras, pues ésta ya no sería la medida preferente de reparación a víctimas de despojos y abandonos de tierras, dándose prioridad a las reubicaciones, compensaciones y otros mecanismos que resten a las víctimas la posibilidad de recuperar las tierras despojadas”.
La pelea por la ampliación de su vigencia viene de atrás. En una demanda presentada ante la Corte Constitucional, los exministros santistas Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera le pidieron al alto tribunal que se prorrogara la ley, pues consideraron que no se había cumplido con los objetivos.
Por esa razón, la Corte citó a una audiencia pública el 10 de octubre pasado a miembros del Gobierno y otros actores, incluido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para recopilar información y posiciones de conocedores y expertos para analizar la relación de la normatividad con el Acuerdo Final de Paz.
Fue en ese escenario en el que el congresista José Obdulio Gaviria, quien asistió en representación del Centro Democrático, le pidió al tribunal no pronunciarse de fondo sobre el asunto, toda vez que, a su juicio, esa era una competencia del Congreso de la República.