Al cumplirse el próximo miércoles 14 de noviembre 100 días de haberse posesionado, el gobierno Duque ha esbozado tres características de su talante: i) retorna a los consejos comunitarios, con nuevo nombre y la misma participación selectiva y restringida, donde más de la mitad son funcionarios públicos y agentes de los partidos de gobierno, ii) promueve la microgerencia y las pequeñas soluciones como la acción efectiva de gobierno, para lo que compromete a su equipo a llegar a pequeños acuerdos y promesas por cumplir, así tenga que gastar más, y iii) está dispuesto a decir una cosa y hacer otra, promueve la austeridad mientras hace aprobar el presupuesto más alto de la historia colombiana, general y en funcionamiento.
Duque firma directriz de austeridad
En el campo económico, los hitos mas importantes del nuevo gobierno se reflejan en dos proyectos: el de presupuesto para 2019 y el de financiamiento, quedando pendiente el Plan de Desarrollo. El presupuesto de 2019 es buena muestra del talante de decir una cosa y hacer otra: se habla de austeridad y se aprobó un presupuesto por $259 billones, equivalentes al 26 % del PIB, por un valor similar al radicado por el gobierno Santos, el saliente, creando una novela alrededor de los componentes: lo redistribuye y genera un desfinanciamiento de $14 billones (1,4 % del PIB), que se pretende llenar con el proyecto de ley de financiamiento.
La defensa del gobierno a la ley de financiamiento
El presupuesto aprobado es superior al que se ejecuta este año en $25 billones (2,7 % del PIB), con grandes diferencias entre lo que se radicó y lo que se avaló, entre ellas: i) el valor radicado y el aprobado es similar, $259 billones, con distribución diferente; ii) el gobierno Santos previó un financiamiento, relativamente cierto, por $194 billones, compuesto de ingresos corrientes nación ($145 billones), de establecimientos públicos ($16 billones), parafiscales y fondos ($13 billones) y recursos de capital sin crédito ($20 billones), esto es irrefutable y se mantiene; iii) el gobierno Santos previó un financiamiento con recursos inciertos, por $66 billones, a ser provistos con recursos de crédito, mientras el proyecto aprobado lo redujo a $52 billones y señaló que debía buscar otra fuente para los $14 billones restantes. Este es el origen del faltante.
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¿Por qué razón existe ese faltante? Por la redistribución del gasto, que es donde está la diferencia entre lo radicado y lo aprobado. El gobierno Santos presentó un proyecto para distribuir entre funcionamiento ($157,2 billones) e inversión ($35,4 billones) los ingresos ciertos, mientras dejó en un nivel neutro el comportamiento de la deuda, destinando $66 billones a su pago, equivalentes a lo previsto en ingresos. El gobierno Duque modificó hacia arriba las partidas destinadas a funcionamiento e inversión, en $3 billones y $11 billones respectivamente, las que no quiere cubrir con deuda para que no lo acusen de endeudar más al país, y para eso presentó la ley de financiamiento.
El gobierno Duque, pregonando austeridad, aumentó el presupuesto de funcionamiento en $13,6 billones, o 9,3 %, y el de inversión en $7,7 billones, o 19,8 %, respecto al presupuesto en ejecución de 2018. Con ello llegó a los niveles más altos de la historia colombiana. Esa es la gasolina o la mermelada que necesita para aceitar los consejos comunitarios “Construyendo País” y la microgerencia de las pequeñas soluciones. El común denominador de los dos gobiernos es querer romper los récords de gasto, ser derrochones, mientras los diferencia la forma de aceitar la maquinaria: Santos con los congresistas y Duque en los consejos comunitarios, directamente dirigidos a construir clientela.
¿Qué busca con la reforma tributaria llamada ley de financiamiento? Financiar el mayor gasto, por encima de lo proyectado por el saliente gobierno Santos. Y lo quiere hacer con una reforma tributaria que no es neutra ni estructural. Por el contrario, es fiscalista o, como diría el otrora senador Duque, alcabalera, concentrada en devolver favores y extender el IVA para recaudar $19 billones adicionales, 2 % del PIB.
Se quiere devolver favores bajando la tasa de renta corporativa, que sigue siendo plana, sin eliminar beneficios ni exenciones, ampliando la brecha entre las tasas nominal y efectiva, mezclando el mundo de sus ejecutivos y accionistas con sus propios costos y eliminando la renta presuntiva para estimular la tenencia de mayores activos improductivos, así las personas naturales de altos ingresos seguirán declarando por debajo de su realidad, a pesar de que le suban la tasa al 37 %.
En IVA la cosa es peor. En lugar de resolver el problema técnico de los bienes excluidos, los grava a la tasa general, ofreciendo como zanahoria la devolución a los más pobres. Pretende recaudar $12 billones para devolver dos, atizando la inflación y reduciendo el ingreso disponible en los deciles 4 y 5, que podrían volver a la pobreza.
* Profesor de la Universidad Nacional.