El Gobierno y los mismos alcaldes y gobernadores del país no la tendrán nada fácil para sacar adelante en el Congreso el proyecto de acto legislativo que busca unificar, a partir de 2018, los períodos institucionales del presidente de la República con el de las entidades territoriales. Primero, porque el hecho de haber radicado la iniciativa el pasado viernes con total sigilo y sin consultar a nadie cayó muy mal entre las huestes de la Unidad Nacional. Y segundo, porque el hecho de habilitar la reelección de los mandatarios locales y regionales, así sea por una sola vez, no les gusta a quienes desde el Capitolio juegan duro a la hora del pulso por el poder en ciudades y departamentos.
A eso habría que agregar la premura del tiempo, pues la iniciativa tiene que ser aprobada en sus primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre, a la par con la reforma de reequilibrio de poderes. “Ese proyecto nació muerto. No puedo dejar que siempre le tiren el muerto al Congreso. Ese proyecto no tiene otro propósito que cumplir una promesa de campaña y va en contravía del equilibrio de poderes”, enfatizó el presidente del Congreso, senador José David Name. “Ahora que estamos en Halloween, eso que acaban de radicar es un Frankenstein que no va a pasar porque es una vulgaridad”, dijo por su parte el senador Armando Benedetti. Incluso el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa señaló que el proyecto da para pensar que se está planeando pagar favores políticos.
Lo cierto es que la denominada Mesa Interinstitucional de Autoridades Regionales —de la que hacen parte alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, personeros y contralores— está dispuesta a dar la pelea y ya ha dicho que el próximo martes una delegación suya estará en el Capitolio defendiendo la iniciativa. Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y asesor de las federaciones de departamentos y municipios en el tema, si bien cree que es cierto que se trata de un proyecto que afecta intereses locales, regionales, nacionales y personales, hace una invitación a analizarlo de manera “desprevenida” y a pensar en las necesidades del país.
Para Sierra Porto, la Constitución de 1991 dejó una asignatura pendiente, el diseño de un régimen territorial adecuado a las necesidades de Colombia, y el Congreso tiene que definir los detalles: “Si no les gusta la reelección, pues que no la aprueben, y si no les gusta que el ajuste se haga ya, pues que lo dejen para más adelante. Lo importante es discutirlo y ver que es una propuesta que tiene objetivos. No es posible hablar de equilibrio de poderes y de la misma paz si no hay una reforma vertical entre el centro y la periferia. Aquí, más de la mitad de territorio está regentado por municipios de última categoría, sin la capacidad administrativa y económica para poder implementar políticas en sus territorios, que es donde se está generando el conflicto. Por eso hay que buscar la articulación en los planes de desarrollo, entre otros aspectos”, concluyó Sierra Porto.