Uno de los puntos que ha causado más polémica en el trámite de la reforma a la justicia ha sido el de la eliminación o no del Consejo Superior de la Judicatura. Esa era la propuesta inicial del Gobierno, pero a lo largo del trámite en primera vuelta en el Congreso, en medio de las negociaciones políticas, se cambió por una reforma que implica mantener la Sala Disciplinaria y la creación de una Sala de Gobierno, que reemplace la Administrativa, en la que habrá un gerente de la Rama y en la que el Ejecutivo tendrá voz, aunque no voto.
Hoy, el escándalo sobre un supuesto carrusel de pensiones en la Judicatura que llevó a la Contraloría General a abrir un juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados de ese alto tribunal, por 70 nombramientos que le han costado al país más de $13 mil millones en reajustes pensionales injustificados, pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la supresión de dicho tribunal, idea que, según algunos congresistas, podría ser retomada a partir de marzo, cuando la reforma a la justicia inicie la segunda y definitiva vuelta en el Legislativo.
Al menos es lo que se puede percibir tras las reacciones por parte de los miembros del Gobierno, involucrados en la discusión. Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, resulta “inaceptable” que en un país donde muchos ciudadanos carecen de una pensión, haya decenas de personas del Consejo Superior de la Judicatura que, en tiempo récord, avanzaron en el ajuste de sus pensiones por medio de decisiones jurisprudenciales.
“Es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados (…) es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado. Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano lo tiene”, enfatizó Vargas Lleras.
Ante las voces que han vuelto a pedir nuevamente el cierre del alto tribunal, frente al escándalo de las pensiones, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que será el Congreso el encargado de definir esa situación: “Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo.
Y agregó: “El tema está en manos del Congreso. Esperemos a que se reabran una vez más las sesiones, el 16 de marzo. Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios de la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí”.
En este sentido, Esguerra insistió en la necesidad de que todos los episodios se conozcan en profundidad y, si tienen alguna explicación, que sea suficiente y sustentada: “Que esa explicación salga a la opinión pública porque la verdad es que el país está pendiente de alguna respuesta que sea seria porque las apariencias, los síntomas que hay detrás, son ciertamente muy preocupantes”.
Precisamente desde el mismo Consejo Superior de la Judicatura se conoció esta tarde un comunicado en el que se rechaza las acusaciones hechas y se explica que los nombramientos fueron legales. “Todas las actuaciones (…) fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal. El 90% de las personas que son relacionadas por los medios de comunicación, como parte de un documento de la Contraloría General de la Nación, no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación y como consecuencia de ello, no se han pensionado luego de ejercer algún cargo en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”, dice el comunicado.
Por los lados del Congreso, el representante Germán Navas, del Polo Democrático, y uno de los ponentes de la reforma a la justicia, se mostró en desacuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, aclarando que lo que se debe hacer es fortalecer los mecanismos de control para evitar que se repitan casos como el del llamado carrusel de las pensiones.
“Las cosas no se deben eliminar por el comportamiento de sus miembros. Hay que modificarlo en su estructura y en su formación, pero no acabarlo con el pretexto que se presentó esta situación”, agregó Navas.
Sin embargo, esa no es la idea que tienen en el Senado, donde ya se escuchan voces pidiendo revivir la discusión de la supresión de la Judicatura o, al menos, replantear la idea de mantener la Sala Disciplinaria y crear una de Gobierno. Según el senador Jorge Londoño, del Partido Verde, no se puede decir que el organismo no haya cumplido, pues en su existencia ha demostrado algunos hechos muy importantes en la administración de la carrera judicial. Pero ante los escándalos, toca replantear: “Debe mirarse bien para que el remedio no resulte peor que la enfermedad”, declaró.
A su vez, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, coordinador de ponentes de la reforma, calificó como “preocupantes” las denuncias de la Contraloría y habló de la necesidad de buscar otras opciones de cara al futuro del cuestionado tribunal. “La Sala de Gobierno que se piensa crear debería ser un poco más reducida, conformada sólo por los presidentes de las altas cortes de la justicia”, enfatizó.
Sea como sea, con explicaciones o no, el Consejo Superior de la Judicatura está nuevamente en el ojo del huracán. Alrededor se mueven una serie de intereses políticos que nadie se atreve a reconocer. El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de revivir o no la discusión sobre su eliminación.