Catalina Botero, la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una de las colombianas más destacadas en la capital estadounidense. A través de sus informes, que les han dado la vuelta al Congreso norteamericano y a los altos círculos de poder relacionados con América Latina en Washington, ha logrado sembrar conciencia frente a las violaciones a la libertad de expresión en la región. Aunque poco le gusta hablar con los medios, accedió a dialogar en exclusiva con El Espectador.
¿Cómo está la libertad de expresión en Colombia?
En la región hay cinco países miembros de la OEA que consideramos de importante atención: Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela. En marzo, la Relatoría publicará su informe anual sobre la libertad de pensamiento y de expresión en la región.
¿El que Colombia sea considerado un caso “de mayor atención” qué quiere decir?
Que hay datos que son preocupantes. Al menos dos periodistas fueron asesinados en Colombia el año pasado, según la información que existe, por cumplir su tarea de informar. Otros han sido obligados a abandonar sus lugares de origen o han sido amenazados y agredidos por informar sobre temas de corrupción o crimen organizado. Además, son extraordinariamente graves los seguimientos, interceptaciones y amenazas a periodistas por funcionarios del DAS, organismo adscrito a la Presidencia.
¿Y qué puede hacer la Relatoría ante situaciones como esas?
Estamos atentos a los resultados de las investigaciones. Es fundamental que avancen, que se conozca la verdad, se sancione ejemplarmente a los responsables, se repare a quienes fueron víctimas y se adopten medidas eficaces para evitar que esto se siga repitiendo.
¿Qué opina del cierre de la revista ‘Cambio’?
Lamentable. El periodismo de investigación, incisivo, analítico y molesto para los poderosos, ha escrito algunas de las páginas más importantes en la lucha de la humanidad por la libertad y la democracia, y es justamente el que dignifica a la prensa. No puede ser menos que lamentable la noticia de que un medio que hacía este tipo de periodismo desaparezca.
¿Y del cierre de Radio Caracas Televisión en Venezuela?
Según el gobierno venezolano, los canales transmitidos por las compañías de cable, incluido RCTV, estaban violando la ley. No obstante, en un Estado de derecho, para cerrar un canal de televisión por presunta violación de la ley, es necesario que se lleve a cabo un debido proceso legal. Eso no ocurrió en Venezuela.
¿Para qué sirven las relatorías de expresión si al final a los medios los cierran?
Nos corresponde ponerles de presente a los Estados los temas de mayor preocupación, recordarles sus obligaciones internacionales y prestarles asesoría para mejorar la situación. Pero cuando el remedio interno fracasa, la Relatoría tiene un papel fundamental como litigante estratégico para llevar el caso ante los órganos interamericanos de protección de derechos humanos.
¿Qué opina del caso del periodista Alfredo Molano, quien fue absuelto de un proceso penal en su contra por declaraciones hechas en su columna de opinión?
Resulta inaceptable que un columnista permanezca varios años sindicado en un proceso penal por haberse atrevido a manifestar sus opiniones. El derecho penal no está hecho para silenciar a quienes tienen opiniones críticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos los casos que ha conocido de periodistas condenados por publicar artículos que ofendieron a algunas personas, ha condenado a los Estados por violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ¿Qué periodista va a hacer una denuncia de corrupción si sabe que va a terminar en la cárcel o perdiendo todo su patrimonio? ¿Y qué futuro tiene una sociedad en la cual el periodismo no ejerce este control?
Pero, entonces, ¿el honor y la reputación de las personas que tienen alguna notoriedad pública no tienen protección?
Por supuesto que sí. Pero hemos sostenido que sólo puede sancionarse civilmente y de forma proporcionada a quien publica información falsa, con el conocimiento pleno de que es falsa y con la intención de causar un daño a otra persona. Las opiniones, por injustas que resulten, no pueden ser nunca sancionadas. Eso sería restablecer el delito de opinión, que algunos gobiernos del mundo que no toleran la crítica desearían tener en sus códigos penales.
Se vienen elecciones en Colombia, ¿qué tan importante es velar por el derecho a la información?
Tanto el Estado como los partidos y candidatos deben ofrecer toda la información que se requiera para que el público pueda estar seguro de que, entre otras cosas, los medios que utilizan en la competencia electoral son legítimos. El derecho de acceso a la información es el mecanismo para estar seguros de que los medios y procedimientos están siendo respetados. También lo es un periodismo independiente y valiente como el que hacían Rodrigo Pardo y su equipo.