“Como mucho se habla de asumir responsabilidades, y las Farc han indicado que el importante asunto de las víctimas, por el que tanto inquiere la gran prensa alimentando odios, debe ser asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad”, declaró Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de la organización en Cuba.
La idea es que dicha comisión revise y complemente el ‘Informe General del Grupo de Memoria Histórica’ que impulsó el Gobierno, ya que de ese documento “depende en gran medida el éxito del debate sobre víctimas”. Lo que exactamente quieren las Farc es que se estudie el tema de la violencia partidista y su incidencia en el surgimiento de la guerrilla, así como evaluar también “la responsabilidad de los medios de comunicación, de la Iglesia oficialista, de las potencias extranjeras (especialmente Estados Unidos), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días”.
En la declaración, Pablo Catatumbo insistió en la tesis de que el Estado es el mayor responsable “por acción o por omisión de lo sucedido durante el conflicto” y por eso pretenden que la comisión que reclaman use para su investigación los archivos de los organismos de inteligencia y servicios secretos colombianos desde la década de los 40. Una serie de peticiones que se dan en momentos en que desde diferentes sectores en el país se le reclama a la guerrilla que asuman compromisos de verdad, justicia y reparación a la víctimas.
En una carta enviada al presidente Santos, el procurador general Alejandro Ordóñez enfatizó que es necesario que en medio del proceso de paz con las Farc, y los que se puedan llevar a cabo con otros grupos armados ilegales, “se aborde la problemática de la victimización de los niños en el contexto del conflicto armado interno y se prioricen acciones, estrategias y políticas integrales para la protección efectiva de sus derechos”. Según el jefe del Ministerio Público, “la acción o la omisión del Estado en la protección de los derechos fundamentales de los niños pueden acarrear responsabilidades ante instancias internacionales”.
En la misiva, Ordóñez citó el informe titulado Los niños y los conflictos armados, presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 15 de mayo, según el cual las políticas y estrategias adoptadas por el Estado colombiano no han sido efectivas para monitorear la situación de los niños víctimas del conflicto armado, ni para incidir en la garantía de sus derechos. En este sentido, expresó que “los derechos de las víctimas se constituyen en límites de la actuación del Estado en procesos de paz y que la protección de los niños y niñas es una necesidad para legitimar esos procesos”.