En la misiva, de cinco páginas, Pinzón desvirtúa los cuestionamientos que en un documento público había planteado Vivanco el pasado 18 de junio. En esencia, entre otras cosas, le reitera que la Constitución estipula que las ejecuciones extrajudiciales son de competencia de la justicia ordinaria y defiende la figura del ‘blanco legítimo’.
“El contexto de las hostilidades y la participación en las mismas, tal y como lo define la norma, siempre está atado al apoyo a un grupo armado, lo que directamente hace que la participación en hostilidades, para encuadrarla en el concepto de blanco legítimo, esté ligada al conflicto”, dice Pinzón. En este sentido, desestima que la fuerza letal de las Fuerzas Armadas pueda ser usada contra civiles que no desarrollen actos relacionados con el conflicto armado.
Además, según el mindefensa, el hecho de que una conducta sea conocida por la jurisdicción penal ordinaria o la penal militar, no significa que reinará la impunidad. “Los jueces de ambas jurisdicciones se sujetan al mismo principio de legalidad en sus actuaciones y tienen en tal sentido las mismas obligaciones y sanciones en caso de desatender el ordenamiento jurídico que nos rige”, aclara. Al final de la carta, Pinzón pide rigurosidad en el análisis e invita a Vivanco a acompañar el “proceso de renovación” de la justicia penal militar, señalando: “El constante examen de su prestigiosa organización, amén del talante democrático que gobierna este esfuerzo, es y será siempre bien recibida”.
Ayer, la ley estatutaria de reforma al fuero militar cumplió su paso final en el Congreso: la conciliación. En ese proceso se realizaron tres modificaciones fundamentales, siendo la más importante la que tiene que ver con la entidad encargada de disciplinar a los jueces y fiscales militares. Esta función la cumplirá el Consejo Superior de la Judicatura, como lo quería la Cámara de Representantes, y no el procurador general, como lo pedía el Senado.