La participación del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el consejo comunitario presidencial del pasado domingo para defender el programa Agro Ingreso Seguro, puso nuevamente sobre el escenario político nacional la polémica en torno a las garantías electorales para la oposición, no sólo en lo que tiene que ver con la campaña para la Presidencia, en la que se sigue manteniendo la incertidumbre en torno a la posibilidad de una segunda reelección, sino también para el Congreso de la República.
El tema se torna más preocupante teniendo en cuenta que el tiempo para la aprobación del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la reforma política, que cursa actualmente en el Congreso, se agota. Este miércoles, en sesión de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, se nombró una subcomisión conformada por congresistas de todos los partidos con el fin de estudiar y llegar a un acuerdo sobre los puntos considerados neurálgicos en el proyecto. Ello, ni más ni menos, significa un nuevo atraso y todavía falta el paso por las plenarias y el examen de la Corte Constitucional.
Si no hay reglamentación, la reforma política, que buscaba blindar a los partidos de la penetración de las mafias y la injerencia de grupos armados ilegales y narcotraficantes, se quedaría en un simple saludo a la bandera. Es por eso que ya el candidato liberal a la primera magistratura del Estado, Rafael Pardo, propuso “un acuerdo” entre todos los sectores políticos, incluido el uribismo, “para hacer realmente de esta reforma política una posibilidad en la cual tengamos todas las garantías”, porque, según dijo, “ni el Gobierno ni el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, las están ofreciendo”.
En respuesta, Valencia Cossio aseguró que se ha tratado de concertar al máximo con todos los sectores el texto de dicha reglamentación e incluso dijo que, por lo visto, Pardo “no habla con los miembros de su partido, porque ellos están participando activamente en las discusiones”. A su vez, el representante de la U Roy Barreras le quiso recordar al aspirante liberal que los colombianos “pagamos cerca de $50 mil millones para que los partidos de oposición hicieran sus consultas internas en las que fracasaron. Y tanto Petro como el doctor Pardo tuvieron todas las garantías”.
El tema está candente y se va a subir más de temperatura a medida que se acerquen las elecciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las presidenciales, el senador del Polo Democrático Jaime Dussán lanzó otra propuesta que para muchos, al menos en el uribismo, es descabellada: que si el presidente Uribe va a aspirar, se retire 90 días antes de la primera vuelta y le deje el cargo al vicepresidente Francisco Santos, para así darle una mayor equidad al proceso y garantías a sus rivales.
Lo cierto es que por ahora no se vislumbra un despeje de la “encrucijada del alma” por parte del Primer Mandatario en cuanto a la búsqueda de un tercer mandato, lo que deja en el limbo a todos los demás aspirantes, sean del uribismo o de la oposición, mientras el Congreso pareciera empeñado en dilatar la aprobación de una ley que, palabras más palabras menos, mete en cintura las campañas electorales.