Lo reconoció el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, durante la audiencia pública realizada ayer en la Comisión Primera del Senado sobre el proyecto de referendo para la refrendación de los eventuales acuerdos de paz con las Farc y lo ratificó también el presidente Juan Manuel Santos. El primero dijo que “estamos en un momento crítico de la negociación y en los próximos meses sabremos si esto va a salir o no”. El segundo, que “estamos en el punto crucial del proceso y que esto no puede durar mucho tiempo más. Nos estamos acercando a las decisiones importantes”.
Lo cierto es que, según Jaramillo, esa cercanía de la definición de los temas esenciales del acuerdo significa para el Gobierno un reto particular, “y es que tenemos que ver cómo coordinamos las cosas para sacar adelante la ratificación de lo que se vaya a pactar”. Por lo visto, todo un dolor de cabeza para el Ejecutivo, porque existe el temor de que si la negociación con las Farc resulta exitosa, naufrague en el momento de someterla a las urnas, pues la historia ha demostrado que los referendos en Colombia están condenados al fracaso.
Por este motivo, al jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, se le ocurrió la estrategia de presentar la ley que daría vía libre para que la votación del ‘referendo para la paz’ coincida con el proceso electoral del Congreso o de la Presidencia en 2014, lo que les permitiría garantizar los votos necesarios. Los críticos plantean que esta movida implicaría constreñimiento al elector, violación del espíritu de la Constitución y desacato a las sentencias de la Corte Constitucional.
Las cuentas son claras. Un referendo debe contar con el respaldo del 25% del censo electoral, que está en 32’403.326 ciudadanos habilitados para votar, es decir, más de 8’000.000 de personas tendrían que acudir a las urnas a ratificar el acuerdo que se logre con las Farc, cifra que parece imposible. Al amarrar los procesos electorales, la ventaja es evidente. En 2010 votaron 14’781.020 personas para la Presidencia y para Congreso más de 13 millones. Con esta estrategia, el gobierno Santos conjuraría el problema histórico de los referendos: el abstencionismo.
Y todo muestra que no se ha dado puntada sin dedal. El artículo 2° de la ley en trámite que permitiría la coincidencia de los procesos de votación señala: “Los jurados de votación deberán entregarles a los electores el tarjetón correspondiente al referendo junto con los demás tarjetones”, con lo cual se reduce al máximo la posibilidad de que se ejerza el denominado abstencionismo activo, que es el derecho ciudadano de no participar en el proceso y de este modo no colaborar con el umbral.
También están los argumentos de constitucionalidad y quienes aseguran que se está usando la paz para hacer proselitismo. Afirman que la coincidencia de las elecciones va en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque en la sentencia de revisión de la Ley 134 de 1194, que reglamentó los mecanismos de participación ciudadana, el alto tribunal señaló que la coincidencia no es conveniente porque “el constituyente de 1991 quiso que no se desvíe la atención del debate en torno a la aprobación o derogación de una ley o de un acto legislativo, con la realización de otro acto de carácter electoral”. Asimismo, advirtió que este concepto “tiene como finalidad darle al elector la posibilidad de tomar una decisión tranquila, sin que el día de la votación se vea ‘intimidado’ y presionado por la información de las distintas campañas”.
Argumentos que rechaza Humberto de la Calle, quien asegura que cuando se tramitó esa ley, “lo que se buscaba era evitar el desbordamiento del uso de los mecanismos de participación con un uso indebido. Pero sucedió lo contrario: hoy esos mecanismos son casi inaplicables. Además, este proyecto se limita sólo al proceso de paz, con un propósito claro: buscar mayor participación, que redunda en mayor legitimidad de los acuerdos”.
El jefe negociador del Gobierno también aceptó el peligro que hay en materia de ratificación de acuerdos y afirmó que “nosotros tenemos la convicción de que ello implica la toma de decisiones difíciles, y no es un invento del Gobierno que existe la posibilidad de que si logramos un acuerdo, se muera por desidia de la opinión pública”. A su vez, el representante a la Cámara Guillermo Rivera agregó que no hay interés electoral del Congreso porque, “como ha señalado el Consejo de Estado, no hay conflicto de intereses cuando una decisión atañe al conjunto de los colombianos, y no hay tema más importante que la paz”.
En cuanto a la polémica del abstencionismo activo, en la ponencia —que según conoció El Espectador será radicada hoy— se buscará hacer claridad en que el elector pueda votar por cada modificación, pero el tema más importante tiene que ver con la entrega del tarjetón para evitar que se esté imponiendo una propuesta. Y algo que sí quiere dejar claro el Gobierno es que bajo ningún motivo el referendo va a llegar a las urnas sin que haya acuerdo en La Habana. Por eso el ministro del Interior, Fernando Carrillo, fue claro ayer al señalar: “Por supuesto que la política con armas está totalmente descartada, por eso el único propósito de todas las conversaciones es poner fin al conflicto”.
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