Más allá del respaldo político, el carisma de los candidatos y el apoyo que logren en las urnas, hay un factor que puede pasar desapercibido pero resulta determinante en el resultado de las elecciones. Se trata de la influencia de los empresarios que para las elecciones regionales de octubre se ha hecho evidente.
Un ejemplo claro es Antioquia, donde el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) siempre está presente en estos procesos. Es tal su influencia, que un “guiño” o un veto puede tumbar aspiraciones. Eso sucedió con Liliana Rendón, quien pese a ganar la encuesta del Centro Democrático para escoger candidato, tras una reunión del expresidente Álvaro Uribe Vélez -máximo jefe de esa colectividad- con representantes del GEA, estos señalaron que no la respaldarían y hasta ahí le llegó la campaña.
Este veto se extiende al candidato del Partido Liberal, Luis Pérez, quien tampoco goza del respaldo de este gremio. Se dice que cuando fue alcalde de Medellín retiró varias de las cuentas que la administración tenía en Bancolombia, empresa que forma parte del poderoso grupo económico, así como Argos, Nutresa o Suramericana. Contrario a ésto se asegura que su apuesta es Federico Restrepo para la Gobernación y Federico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín.
En Cali, las candidaturas que más acogida tienen son las de Angelino Garzón y Roberto Ortiz, pero es Maurice Armitage el que goza del respaldo de empresarios de la talla de Ernesto De Lima, fundador de la aseguradora DeLima Marsh; César Caicedo, presidente de Colombina, y Alfredo Carvajal, expresidente de Carvajal S.A., con quienes ya se ha reunido. Para la Gobernación no hay un apoyo claro, en gran medida porque Dilian Francisca Toro parece indestronable.
La muestra del empresariado hecho política es Atlántico, donde se da por hecho que Alex Char ganará las elecciones a la Alcaldía de Barranquilla, cargo que ya había ocupado entre 2008 y 2011. Su hermano Arturo es senador y su papá, Fuad, cabeza de la casa Char, ha sido gobernador, congresista y ministro. Es tal el poder político que se aliaron, entre otros, con el sector que encabeza el senador conservador Roberto Gerlein, cuyo hermano, Julio Gerlein es uno de los contratistas más grandes del Estado en infraestructura y vivienda.
Para las elecciones regionales, los Char han hecho alianzas para la Gobernación del Atlántico con Eduardo Verano, con Édgar Martínez en Sucre, con Carlos Gómez en Córdoba, con Rosa Cotes en Magdalena y en La Guajira apoyan a Oneida Pinto. Respaldos como este tienen en muchos municipios de la región. Esa plataforma que están cultivando los Char sería el trampolín electoral del vicepresidente Germán Vargas Lleras para las justas presidenciales de 2018.
En Bogotá, los grupos económicos no operan en bloque, pero hay coincidencia en que es necesario dar un cambio y por eso la aspiración de Clara López no tiene mayor acogida. Por su parte, Rafael Pardo y Enrique Peñalosa se disputan el apoyo de diferentes sectores. El primero ha tenido reuniones con constructores, directivos de medios de comunicación, representantes de centros comerciales, del sector de alimentos y hasta con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Desde su campaña no hablan de respaldos confirmados, pero sí que su propuesta ha tenido acogida.
Peñalosa ha tenido encuentros con representantes del sector salud, constructores, transportadores e industriales, planteándoles su propuesta de “recuperar el rumbo”. Las solicitudes son similares: estabilidad jurídica, inversión en infraestructura, desarrollo empresarial y Plan de Ordenamiento Territorial en el que se puedan definir inversiones sin el riesgo actual.
Ejemplos similares se dan en todo el país. También aparece el sector de los contratistas, que apoyan campañas y luego de que sus candidatos salen electos, recobran su inversión a través de contratos con municipios y departamentos. Así lo deja claro un informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que estudió la contratación por licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos. El diagnóstico fue muy preocupante: poco se usan las licitaciones como mecanismo de contratación y los concursos públicos por lo general tienen menos de tres oferentes.
Según la directora de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa, “es necesario despolitizar la contratación. Deja mucho que pensar que casi el 60% de los contratos se hacen de forma directa o por convenios interadministrativos. Estamos hablando de cerca de $15 billones. El Gobierno habla de reducir la inversión para 2015 por problemas fiscales, pero más fácil sería enfrentar la corrupción que genera la contratación a dedo”. Para ella, es fácil identificar cómo los contratistas que apoyaron una campaña son los que realizan las obras. Si perdieron, por lo general migran a otras regiones.
Conforme avance la campaña se hará más evidente la influencia de los grupos económicos y la mano de los contratistas que nunca se aparecen en la plaza pública aunque su peso se refleje en los aportes a los candidatos.
El riesgo de la contratación
El respaldo de sectores económicos en las campañas políticas, aunque se puede dar con la finalidad de catapultar candidatos que tengan los pergaminos para llegar a las administraciones, también se convierte en una forma de garantizar reglas favorables en materia tributaria y de inversión y hasta para abonar el espinoso camino de la contratación pública.
Según el ‘Análisis de la contratación estatal 2014’, realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la mayor parte de las contrataciones que se hacen en los 1.122 municipios y 32 gobernaciones se efectúa con pocos oferentes, prácticamente quienes apoyaron a quienes resultaron elegidos. De igual forma lo plantea la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que señala que “un 65% de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país durante 2014 terminaron favoreciendo una única oferta”. Ello deja sobre la mesa el debate sobre la contratación direccionada para favorecer intereses electorales particulares.