Lo único que no puede hacer Santos con Uribe es extraditarlo (“Por sobre mi cadáver”, dijo en campaña). Por lo demás hay que felicitar a Santos porq ue ha regresado a una concepción más liberal, donde la política social promueve activamente la igualdad. Hay que felicitarlo porque ha tomado riendas en los dos temas donde Colombia hoy por hoy sufre más y vive sus mayores desigualdades: víctimas y tierras. Y lo más admirable es que asumió así explícitamente como suyas las propuestas de Pardo y Petro, liberales y Polo. Así como ha hecho eco a la demanda de transparencia formulada por los verdes. La capacidad de hacer propias las banderas importantes defendidas por otros, es una virtud.
La mayor apuesta social del gobierno que comienza es sin duda la ley de restitución de tierras, unida hoy a la ley de reparación de víctimas. Estas iniciativas responden a muy sólidas exigencias éticas y políticas, reiteradas en los fallos de la Corte Constitucional y en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro partido las respalda, aunque ha señalado vacíos que habrá que corregir en su trámite.
Del escritorio al territorio
El reto en este caso está en lograr que la norma se ejecute con eficacia y energía, y pase bien del papel a los campos. Aún queda por ve si la sobre-representación del latifundio, incluido el de origen narco-paramilitar, en el Congreso, permitirá el paso del proyecto de restitución de tierras. Para que sea así tiene que mejorar mucho la interlocución con las organizaciones sociales de víctimas y campesinos.
Uno puede prever que el proyecto de ley se llenará de trampas legales, de condiciones que harán difícil su aplicación. Y tropezará con una oposición abierta y a veces violenta de quienes hoy se benefician con los bienes ilegales.
Está aún por definir el modelo de desarrollo rural para el país para fortalecer las economías campesinas, para preservar y recuperar los recursos medio-ambientales altamente degradados y para lograr crecimiento con equidad. Las cifras de pobreza, de trabajo de baja calidad, en la informalidad y muchas veces en la ilegalidad; los bajos ingresos, la carencia de seguridad social, la falta de acceso a los servicios públicos, incluida la educación, por parte de la población rural, hacen urgente mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el campo.
La situación social es crítica
En 2009, 45,5% de la población del país (19,9 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza y 16,4% en situación de indigencia (7,2 millones). Estos porcentajes son elevados si se los compara con el promedio de América Latina, 34,1% de personas en pobreza y 13,7% de personas indigencia. Las cifras muestran además la existencia de profundas desigualdades regionales: mientras en Bogotá la pobreza afecta a un 22% de la población, en la zona rural cubre a 64%, en Chocó llega a 70,5%, en Cauca a 70,1%, en Sucre a 68,1% y en Córdoba a 67,8%, para citar los casos más alarmantes. En 2009 se revirtió la tendencia, muy débil, de reducción de la pobreza.
Como se ve, la tarea de hacer de Colombia un Estado Social de Derecho está casi toda por hacer. Y no es que corresponda sólo al Estado, o al Gobierno, apersonarse de la misma: todos los colombianos tenemos que actuar para que no haya ningún colombiano que no pueda tener una vida digna, productiva y creativa.
Cohesión
De los tres pilares que el actual presidente se comprometió a mantener y fortalecer, la “Seguridad Democrática” y la “Confianza Inversionista” son los dos que traían más claros desarrollos. La ‘Operación Sodoma’ ilustra la bienvenida continuidad en el primero. En los últimos años los beneficios tributarios para la adquisición de bienes de capital, o que otorgaban subsidios a ciertos sectores económicos, no siempre fueron decididos a través de un proceso democrático, ni puestos en práctica con sujeción al principio “recursos públicos, recursos sagrados”. Ahora parecen estar, por fortuna, en revisión.
La de la “cohesión social” ha sido definitivamente la estrategia que ha tenido un menor desarrollo, tanto bajo el gobierno anterior como bajo el actual.
Desde Durkheim, el concepto de cohesión social ha sido usado para referirse a la calidad e intensidad de los vínculos sociales y mercantiles entre los miembros de una sociedad y hoy en día se mide mediante encuestas de satisfacción. La cohesión social no necesariamente se consigue mediante la creación de condiciones que hagan posible mejorar de manera sostenible la vida de los ciudadanos de los barrios, zonas y regiones más pobres; dar posibilidades de trabajo e ingresos a los grupos más vulnerables; mejorar las oportunidades de los más pobres. La cohesión social tiene algo en común con el “estado de opinión”: el valor atribuido al consenso y la evaluación por encuestas.
En Colombia, el de cohesión social es un concepto que apareció más bien tarde, asociado a políticas paternalistas de atención a los sectores más duramente golpeados por la crisis económica y que según muchos tenía como propósito compensar el carácter “pro-rico” de buena parte de las políticas económicas en curso.
Con un presidente en campaña permanente y con claras aspiraciones de reelección, la promoción de la cohesión social se concentró en operar “redes” que buscaban construir “lealtades” más que lograr que buena parte de la población saliera de la pobreza por la vía de la educación y del empleo de calidad.
Familias en Acción, cursos breves de calidad y pertinencia discutible en el Sena; programas asistenciales de nutrición que en muchos casos reducen las capacidades propias de las comunidades para mejorar su calidad de vida, y todo bajo el control directo, sin mediación institucional, de una figura paterna, providencial, omnisciente y omnipresente.
Lamentablemente “cohesión social” no significa la necesaria lucha frontal contra las redes clientelistas que mantienen la desigualdad entre grupos necesitados y quienes reparten favores a cambio de votos. Lo deseable sería promover un “capital social positivo”, elevar la confianza y la cooperación entre los ciudadanos para mejorar la inclusión, la equidad y la participación y no sólo el crecimiento económico.
A pesar de que han pasado ya 100 días, la administración Santos parece titubear entre perseguir la cohesión social o identificarse con una política social en sentido tradicional. Lo grave es que la población empieza a sentir que el énfasis de la agenda no está en lo social. Y ello a pesar de que en esta materia se anuncian numerosos proyectos de ley: primer empleo, reforma del régimen de salud, vivienda de interés social, ley para escindir nuevamente el Ministerio de Protección Social y volver a contar con un Ministerio de Trabajo. Y se anuncia la política de educación de calidad. Los programas de Familias en Acción y Red Juntos siguen sin modificación alguna, tal vez con un perfil más bajo. Leyes o programas no sustituyen políticas públicas.
La educación es uno de los mecanismos más eficaces para conseguir equidad y construir Estado Social de Derecho. En Colombia está prácticamente neutralizado por la gran diferencia entre la educación de los grupos más pudientes y la de la mayoría de la población.
En el gobierno anterior, la distancia cuantitativa entre unos y otros se redujo, al ampliarse las oportunidades de educación básica. Lo urgente, ahora, es dar educación de calidad a los estratos más bajos, que hoy la tienen muchas veces muy mala.
El Gobierno lanzó esta semana una política educativa que usa mucho la palabra calidad, pero que todavía no ofrece mecanismos ágiles, eficientes o imaginativos para lograrla. Lo que promete es cerrar los baches pendientes. Esa promesa es bien valiosa: ampliar cobertura en la primera infancia, crear cupos en secundaria y universidad. No aborda a fondo el problema de la falta de pertinencia. Actividades y conocimientos deben tener mucho más sentido para maestros y alumnos y para ello deben conectarse con la vida.
En calidad, lo esencial, dice el Gobierno, es mejorar a los docentes, pero al anunciar que el Sena educará a los educadores da pie a un inmenso escepticismo. (A pesar de la imagen positiva del Sena, ese no es un anuncio que levante la autoestima de los educadores). Fuera de esto, avisa que exigirá registro y vigilará la calidad de las entidades educativas y habrá más inglés y más computadores, lo que no es nuevo y no cambiará mucho las cosas. La educación no clasifica aún como locomotora.