Con información clasificada por partido, votación, lista de cargos, entidades, identificación de funcionarios nombrados y nombres de solicitudes pendientes, el aspirante al Senado por la lista del Centro Democrático, Ernesto Macías, agitó ayer la campaña política agregándole la condición de denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Según él, se trata del “carrusel de la reelección”, creado para que, a título de trueque, los congresistas que apoyan la reelección del presidente Santos sean beneficiados.
El reporte alude a la supuesta concesión de 1.968 cargos directivos y 597 contratos de prestación de servicios para recompensar a 164 parlamentarios. Una relación de cargos en entidades del Estado tales como el Incoder, el Banco Agrario, Caprecom, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Superintendencia de Notariado o la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otros organismos públicos. En palabras de Macías, el gobierno les da eso a los congresistas para que a su vez los parlamentarios voten por el gobierno.
La denuncia se acompañó con el anuncio de que próximamente se pondrá a disposición de la Comisión de Acusación un listado de “cupos indicativos” por $ 2,5 billones que no obedecen a criterios de prioridades de planeación. Según Macías, son “auxilios parlamentarios”. Otro señalamiento que llevó al expresidente Uribe a afirmar que “al país le digo nuevamente lo siguiente: los compañeros que integran nuestras listas a Senado y Cámara de Representantes tienen una determinación: eliminar las prácticas corruptas de la política”.
El gobierno Santos, a través de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, rechazó las acusaciones y negó de plano que exista un carrusel para la reelección. A su vez, algunos de los congresistas incluidos en el listado, le contestaron duro al Centro Democrático y a su cabeza de lista Álvaro Uribe. El representante liberal Guillermo Rivera, por ejemplo, manifestó que Uribe debería sentirse avergonzado. “Él sí que repartía puestos a su coalición cuando era Presidente. De manera que se trata de un burro hablando de orejas”.
El senador Juan Manuel Galán agregó que Uribe carece de autoridad moral para hablar de ese tema. “Él compró la reforma constitucional para reelegirse, repartió notarías y contratos a diestra y siniestra, hay sentencias y funcionarios señalados”. Más explícito aún fue el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien dijo que Uribe tramitó una reforma política, no inspirada en Sócrates sino comprando a Yidis y a Teodolindo. “Le queda feo hacer esas denuncias al gobierno de las notarías, de los falsos positivos y de Agro Ingreso Seguro”.
El dilema de la participación de los dirigentes políticos en la definición del gasto público, que algunos denominan la reedición de los auxilios parlamentario, constituye un debate que reaparece en todos los procesos electorales desde que se proclamó la Constitución de 1991. Cabe recordar, por ejemplo, como desde finales de 2001 el tema fue uno de los asuntos de debate en la campaña presidencial de 2002. Incluso en ese entonces, los candidatos Álvaro Uribe y Noemi Sanín demandaron la ley de presupuesto y pidieron congelar partidas.
En la misma época, los congresistas Antonio Navarro y Gustavo Petro, también tuvieron como caballito de batalla el tema de los cupos indicativos, y argumentaron que los congresistas tenían controlados $500 mil millones a través de partidas presupuestales. En ese momento, quien terminó aclarando el tema fue la Corte Constitucional que concluyó que los congresistas sí podían sugerir obras de inversión en sus regiones, siempre y cuando quedaran en el presupuesto y fueran utilizadas en obras para beneficio de las regiones.
En esa pelea, la defensa del gobierno Pastrana corrió por su ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, quien argumentó que los congresistas Navarro y Petro, citantes de debates para cuestionar la conexión entre puestos públicos, partidas presupuestales y congresistas, habían montado “una inteligente patraña para buscar beneficios electorales”. En tiempos de Álvaro Uribe, el tema terminó por convertirse en el alfil de la oposición para demostrar que su reelección en 2006, se hizo ofreciendo cargos a cambio de votos en el Congreso.
La condena de los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema de Justicia, dejó un antecedente que ha permitido a los opositores del expresidente Uribe cuestionar su forma de trabajar con el Congreso. Sin embargo, es ahora el Centro Democrático el encargado de revivir la polémica que se ha repetido desde 1991. Un debate que en parte resumió el representante Germán Navas Talero, quien señaló: “Con qué autoridad va a criticar Uribe lo que él hizo. Yo le recomendaría que se leyera el libro de Yidis Medina”.