El 1º de marzo, en el municipio de Los Palmitos (Sucre), fue asesinado Hernando Pérez, líder reclamante de tierras. Dos hombres que se movilizaban en una moto llegaron hasta su casa y sin mediar palabra le propinaron seis disparos. Él se encontraba enfermo y con problemas de movilidad. Era dueño de varias parcelas en las veredas Membrilla y El Porvenir, que hoy están en manos de José Antonio Macareno, conocido en la zona con el alias de Toñito Macareno, quien, según cuentan los pobladores, ha dicho que jamás entregará ni una sola parcela y que la cabeza de los campesinos no vale ni $100.000. Incluso se habla de reuniones con otras personas con el objetivo de recolectar dinero “para acabar con los reclamantes de tierras”.
El de Pérez es sólo uno de los 17 asesinatos de líderes sociales, víctimas y defensores de derechos humanos que se han presentado en el país en las últimas dos semanas, además de otras agresiones y amenazas, y que organizaciones de dichos sectores consideran “la respuesta de la ultraderecha” a los anuncios de un inminente cese del fuego bilateral y la eventual firma de un acuerdo definitivo de paz con las Farc. Hechos que también demuestran, dicen, el resurgimiento de un paramilitarismo estructurado y con auspiciadores en sectores que ven como una amenaza el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
De hecho, ese tema es uno de los puntos neurálgicos que hoy se abordan en el proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana. Para las Farc, el desmonte del paramilitarismo es necesario para consolidar de verdad la paz, a tal punto que una de sus propuestas es crear una comisión para luchar contra ese fenómeno, conformada por organismos del Estado, organizaciones civiles y algunos de sus integrantes. “Avanzar hacia un definitivo fin del paramilitarismo requiere de voluntad política y de un compromiso decidido de la multiplicidad de fuerzas vivas de la Nación”, es lo que piensan al respecto.
En momentos que en Cuba se intenta superar las dificultades surgidas en las discusiones sobre el cese bilateral, las zonas de concentración y el desarme, asuntos en los que ya se ha avanzado bastante en la subcomisión para el fin del conflicto, pero que según las Farc los negociadores del Gobierno quieren desconocer, el fantasma de la “guerra sucia” es una amenaza real en Colombia. Y en una carta pública dirigida al presidente Santos, la mesa de diálogos, los países garantes (Cuba y Noruega), los países acompañantes (Chile y Venezuela), las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, esas organizaciones sociales piden acciones inmediatas.
“Exigimos a la Fiscalía identificar a todos los responsables, incluyendo a los determinadores de estos crímenes. La impunidad es un estímulo a quienes persiguen y asesinan. La justicia debe actuar. El presidente Santos debe pronunciarse condenando estos ataques y llamando a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y se les garantice la vida e integridad personal a todos los colombianos. Su silencio hasta el momento es inaceptable, cuando el país busca la paz y la reconciliación”, dice la misiva. En este sentido, plantean la creación “urgente” de una comisión de alto nivel de garantías de no repetición, “teniendo en cuenta la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades en los territorios y conforme a los propios acuerdos alcanzados por las partes en La Habana”.
Dicha comisión tendría un carácter oficial, mixto, y estaría conformada por expertos con trayectoria ética a nivel internacional y nacional, sectores sociales y populares, movimientos y partidos políticos de oposición, organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. A corto plazo, su misión sería identificar los factores de riesgo, patrones de las violaciones, estructuras económicas, políticas y militares en el ámbito regional o nacional que amenazan o ponen en peligro la vida e integridad de comunidades y liderazgos, así como hacer seguimiento de los deberes y obligaciones de protección que tiene el Estado y de las obligaciones de persecución, desmonte del paramilitarismo, investigación y sanción de los responsables, auspiciadores y beneficiarios.
A mediano y largo plazo, uno de sus objetivos fundamentales sería “depurar los archivos de inteligencia del Estado contra líderes sociales, sindicales, populares, políticos, indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores de derechos humanos”. Para ello, entre otras cosas, se pide que la comisión esté habilitada “para acceder sin restricción alguna y sin que se pueda invocar ninguna reserva legal o de otra índole, a los archivos y documentos del Estado, así como a todo lugar que se requiera para el desarrollo de su mandato, al igual que entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor público toda la información que considere pertinente, con reserva de identidad de quienes entreguen información”.
Se trata de una propuesta y por ahora no tiene respuesta del Gobierno. Como tampoco se saben los resultados de la mediación de Enrique Santos, hermano mayor del presidente, en sus reuniones con Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, y Timochenko, jefe de las Farc, para tratar de retomar el rumbo de las negociaciones en Cuba de cara al cese bilateral del fuego. Lo claro es que los jefes de las Farc que negocian la paz insisten en que el paramilitarismo es un obstáculo y va mucho más allá de las llamadas bacrim, y que su desmovilización y el paso hacia una política sin armas dependen, en la mayor parte, de las garantías que el Estado les dé. Y lo que dicen es que esas garantías, al menos hasta el momento, no se ven.
La mediación
Más de dos horas duró el encuentro de ayer entre Enrique Santos y “Timochenko”, máximo comandante de las Farc. El lunes en la tarde, el hermano del presidente Juan Manuel Santos se reunió con Humberto de la Calle. Según trascendió, el jefe guerrillero habría insistido en sus cuestionamientos por el desconocimiento del Gobierno a la bilateralidad de la mesa de diálogos. Según la guerrilla, se le quiere presionar para firmar un acuerdo de cese del fuego bilateral, que implica concentración en sitios específicos, lo que es visto como “cárceles a cielo abierto”. Enrique Santos regresaba anoche a Colombia para entregarle un informe detallado a su hermano, el presidente.