En 13 días, el próximo 25 de julio, vencerá el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales de octubre. A partir de ese momento, los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos tendrán cinco días hábiles para hacer modificaciones por renuncia o no aceptación, y el 2 de agosto, la Registraduría deberá publicar la lista oficial de inscritos. En este contexto, la campaña por el poder local es ya un hervidero en el que escasean las propuestas, pero en cambio pululan las acusaciones, los señalamientos, las amenazas y los anuncios de demandas judiciales.
De entrada, la entrega de avales se ha convertido en un dolor de cabeza. Se supone que a través de dicha facultad los partidos controlan las calidades y condiciones de sus candidatos, antes y durante el ejercicio del cargo. En este sentido, son los responsables políticos y jurídicos de dicho otorgamiento. Por eso es que algunos directores de colectividades -por ejemplo Carlos Fernando Galán, en Cambio Radical- decidieron dar un paso al costado ante la incapacidad de luchar contra las presiones internas que se dan para “bendecir” a candidatos cuestionados o que incluso han sido investigados o sancionados en el pasado por casos de corrupción o hasta vínculos con grupos armados ilegales.
Galán se fue por no estar de acuerdo con los avales otorgados a Oneida Pinto, aspirante a la Gobernación de La Guajira, y Luis Pérez, a la Gobernación de Antioquia, que sí contaron con el respaldo del secretario general del partido, Enrique Vargas Lleras. Hace algunos días fue Viviane Morales quien renunció como codirectora del Partido Liberal, inconforme con el incumplimiento de los procesos de designación de avales, citando casos como las candidaturas a las gobernaciones de Antioquia (también Luis Pérez), Casanare (Lilian Fernanda Salcedo) y Santander (Didier Tavera), entre otros.
“En algunos lugares se privilegió únicamente la voluntad de los congresistas que, prevalidos de los resultados electorales del año pasado, apabullan y desconocen a otros sectores militantes en un ejercicio lamentable de cacicazgo político”, expresó Morales. Una postura que respaldó el también senador Juan Manuel Galán, quien cree que el tener una dirección colegiada, colectiva e integrada por parlamentarios hace que terminen siendo “jueces y parte” a la hora de la entrega de avales en las regiones: “Eso genera inconvenientes, genera distorsiones, genera ruido y genera problemas, que es lo que estamos viendo”, dijo.
Y es que el ambiente en el interior del liberalismo está hoy muy enrarecido frente a las posturas asumidas por el senador Horacio Serpa, uno de sus codirectores. A las críticas por su “visto bueno” a la candidatura de Luis Pérez, esta semana le han llovido rayos y centellas por el aval otorgado a Didier Tavera en Santander, lo que generó la salida de la colectividad de Alejandro Galvis, propietario del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga, quien consideró que “darles el aval a trásfugas de la política con pasado familiar y patrimonio malhabido, de vínculos con el narcotráfico y otros delitos, y con cuestionamiento judicial personal, no tiene nombre”, e incluso insinuó que Serpa padece de “demencia senil”.
Pero las “peloteras” también se arman porque a un determinado sector dentro de un partido se le da por oponerse a la entrega de un aval a alguien que no es de su misma cuerda, así haya ganado en los procedimientos estipulados para decidir la escogencia. Le pasa a Liliana Rendón en el Centro Democrático, a quien no le quieren bendecir su candidatura para la Gobernación de Antioquia. José Obdulio Gaviria, Paola Holguín, Federico Hoyos, Margarita Restrepo y Alfredo Ramos Maya -todos congresistas- solicitaron repensar dicho aval. ¿Y el expresidente Álvaro Uribe? Hasta ahora guarda silencio. Y ni qué hablar de la pelea que ya toma tintes jurídicos entre Angelino Garzón, avalado por la U a la Alcaldía de Cali, y el columnista Ramiro Bejarano, que le hace graves señalamientos de corrupción. Ya el exvicepresidente anunció demanda por calumnia y de lado y lado se prevé que la tormenta arreciará.
Son sólo algunos casos, pero a lo largo de la geografía nacional se multiplican los cuestionamientos y crecen los recelos. Lo cierto es que el otorgamiento de avales se ha reducido a una actividad de pura mecánica electoral, donde lo que prima es aquello de que el fin justifica los medios, y el fin es conquistar el poder local. No se tienen en cuenta criterios objetivos, calidades éticas, trayectoria pública y sondeos de opinión que permitan justificar con razones claras ante la gente por qué se escoge a un ciudadano para aspirar a representar sus intereses.
¿Qué dice la ley sobre la entrega de avales?
Según la Registraduría, la inscripción por aval de uno de los 13 partidos que hoy tienen personería jurídica está regulada por el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, o Reforma Política, que dice: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad”.
Es decir, los partidos definen sus propias reglas y los candidatos pueden ser escogidos a través de consulta o de acuerdos internos. El numeral 5 del artículo 10 de la misma ley señala que se constituyen como faltas las acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos al “inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el período para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.