Sea a partir del 16 de diciembre, como lo sugieren las Farc, o del 1º de enero, como lo planteó inicialmente el presidente Juan Manuel Santos, la declaratoria de un cese del fuego y de hostilidades bilateral entre Gobierno y guerrilla no sólo implica acallar los fusiles sino también controlar otras particularidades de la guerra, como, por ejemplo, extorsión, secuestro, narcotráfico o reclutamiento de menores, entre otras. Y para el Gobierno es claro que la suspensión de ese tipo de acciones sólo se puede verificar si hay una concentración de tropas de la subversión, teniendo en cuenta que en Colombia conviven otros actores armados ilegales y que la obligación del Estado, según lo ordena la Constitución, es proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Esa complejidad del conflicto colombiano es lo que hace de un posible cese del fuego bilateral una operación compleja. Ya el presidente Santos anunció que le solicitará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un mandato para que sea este organismo internacional la pieza clave que apoye la verificación. De entrada, la ONU entiende el cese del fuego o armisticio como el cese de hostilidades formal que se declara como parte de los acuerdos a los que se llegue luego de un proceso de negociación. Este tendría como efecto inmediato la finalización formal y definitiva de las acciones armadas.
Es decir, como le explicó la internacionalista Laura Gil a El Espectador, después de que las partes deciden unánimemente un cese del fuego y hacer la verificación es cuando el Gobierno puede comenzar a tramitar esta última ante la ONU, y si dentro de lo acordado por las partes está que esa verificación tenga presencia militar, el tema tiene que pasar obligatoriamente por el Consejo de Seguridad. Si no es así, puede discutirse en Asamblea. ¿Cuál es la fórmula? El jefe de las Farc, Timochenko, dice que es algo que se debe definir en consenso entre las partes y sumó un nuevo candidato para esa tarea: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que muchos en Colombia miran con recelo por su cercanía con Venezuela.
Pero aun así, suponiendo que la ONU adopte una resolución que se convierta en el mandato de la verificación y le dé vía libre a la presencia internacional, surge el reto de tener definida esa estrategia para agilizar el proceso. Y, lo advierte Gil también, una de las cosas a tener cuenta es que, cuando hay presencia internacional, debe estar garantizada su financiación. Con otras alertas a considerar, a saber: que, según han demostrado otras experiencias en el mundo, es en este momento que quienes se han beneficiado de la guerra dividen opiniones y surgen las disidencias. En el caso de las Farc, el temor está por el lado de los mandos medios que se han beneficiado del negocio del narcotráfico.
Ahora, las experiencias del pasado sirven de lección. Los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en 1984, incluyeron un cese del fuego bilateral y la conformación de una comisión que se encargó de verificar su cumplimiento. Con la coordinación del entonces Ministerio de Gobierno, hubo subcomisiones en Florencia (Caquetá), Vistahermosa (Meta), Barrancabermeja (Santander), Saravena (Arauca), Santa Marta (Magdalena), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila), Orito (Putumayo) y Cali (Valle), para vigilar sobre el terreno el cumplimiento del cese del fuego.
Sólo dos semanas después, las Farc denunciaron el incumplimiento por parte de las Fuerzas Militares. De todas maneras, en noviembre de 1984 la comisión entregó un primer informe en el que confirmaba el cumplimiento del cese. Al final, en junio de 1987, ya en el gobierno de Virgilio Barco —en el que se había seguido con los diálogos y la tregua—, una emboscada de las Farc a una unidad militar en Puerto Rico (Caquetá) le puso fin al experimento y llegó el recrudecimiento de la violencia. Hoy las voluntades son otras y los avances en el proceso de negociación de La Habana son evidentes, aunque el tema de la concentración de tropas por parte de la guerrilla sigue siendo un asunto del resorte de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, de la que hacen parte militares activos.
“Es importante tener un sistema de verificación para asegurar que este cese del fuego bilateral sea robusto. Porque si no, sería un cese débil. De todas formas, esta verificación tendrá nuestra participación en términos de monitoreo y apoyo”, ha dicho el representante de la ONU para Colombia, Fabrizio Hochschild. No habló de apoyo en lo militar, y lo que se sabe es que el Ejército sería el encargado de vigilar las zonas de concentración de la guerrilla, que estarían ubicadas en las regiones que han sido epicentros de la guerra: Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño y el Catatumbo. Los desafíos son enormes, tanto por las condiciones geográficas como por la presencia de otros grupos armados ilegales, por lo que se necesitará un sistema robusto de comunicaciones.
Y es en este escenario que comienza a verse un punto de encuentro con la propuesta del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe —opositor acérrimo del Gobierno—, quien ha hablado de concentración de las Farc en una zona o zonas vigiladas, sin necesidad de dejar sus armas, las cuales sólo se entregarían en el momento de la firma del acuerdo final. Esas zonas no podrían estar cerca a las fronteras, tendrían que carecer de población civil y no ser estratégicas para la economía nacional. La vigilancia sería de la Fuerza Pública, con monitoreo y presencia de la comunidad internacional. Una idea no muy lejana de lo que, dicen, se piensa en el interior del Gobierno. La pregunta es: ¿aceptarán las Farc?