“Ni a usted le conviene irse, ni a mí me conviene que se vaya”. Cuentan que esa fue la respuesta que le dio el presidente Juan Manuel Santos al ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, cuando éste puso a disposición su renuncia por el escándalo alrededor de la empresa PyG, creada en 1993 por su familia y que, según denunció el periodista Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades oficiales. El ministro reconoció que la empresa fue vendida en 2006, con pacto de retroventa que se venció recientemente, razón por la que volvió a manos de su esposa, Sonia Muñoz, y de sus hijos.
Según Peñaloza, no hay ninguna irregularidad, pues su esposa únicamente está inhabilitada para contratar con el Ministerio de Transporte y el Departamento Administrativo de la Presidencia, despachos a los cuales él ha estado vinculado. La denuncia de Coronell habla de que en la lista de clientes de la firma PyG están, entre otros, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena. Y la Constitución prohíbe que los servidores públicos contraten con el Estado por sí mismos o por interpuesta persona.
El ministro considera, sin embargo, que es “perfectamente legal” que su esposa y sus hijos contraten con el Estado, pues la ley define claramente las inhabilidades. Pero también es consciente de las implicaciones éticas en un gobierno que, como el de Santos, ha querido posicionar el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. “La ética es un compromiso de cada quien y yo lo tengo completo. No hay un funcionario que pueda decir que le he llamado a pedirle una ayuda en esto”, dijo Peñaloza, insistiendo en que siempre ha separado su función pública de los negocios particulares.
Que la posición del jefe de Estado durante este fin de semana pueda cambiar, es lo que dicen. Lo cierto es que el Gobierno de la “urna de cristal” está en una encrucijada y ya se escuchan voces desde sus mismos aliados en el Congreso que creen que lo más conveniente es que Peñaloza se haga a un lado. Más aún cuando la Procuraduría anunció ayer que adelantará una indagación preliminar —solicitada por el mismo funcionario— con el fin de aclarar sus actuaciones. Por ejemplo, para la representante a la Cámara del Partido Verde, Ángela María Robledo, teniendo en cuenta el alto nivel de contratación que maneja el Ministerio de Transporte, la actual posición de Peñaloza “no da señales de transparencia”.
Por su parte, el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, cree que la continuidad del mintransporte es una decisión tanto del presidente Santos como del mismo Peñaloza, que es quien conoce las circunstancias que hoy afectan su imagen. “Son ellos quienes tienen elementos de juicio para decidir si son circunstancias legales y particulares que tienen o no relación con el cargo”, le dijo a El Espectador, descartando la posibilidad de que se tramite en el Legislativo una moción de censura, “ya que es un instrumento político para evaluar la gestión de un funcionario —si es mala o buena— y los asuntos particulares de la familia no tienen nada que ver con su trabajo como ministro”.
Un concepto que, como es de esperarse, no cala en el Polo Democrático, que según afirman en los pasillos del Capitolio, ya estudia la opción de solicitar dicha moción de censura. Para el senador de esa colectividad Jorge Enrique Robledo, sería “lamentable” si es verdad que el primer mandatario no le aceptó la renuncia a Peñaloza: “Sostenerlo en el cargo es un mensaje de bienvenida a la puerta giratoria, con las implicaciones que eso tiene. Sería un mensaje de que los asuntos morales y éticos no tienen importancia”, enfatizó Robledo, quien además cree que el asunto sí da para moción de censura, aunque “debería hacérsele es al presidente Santos”.
Hasta ayer en la tarde, las versiones señalaban que Miguel Peñaloza seguirá al frente de la cartera de Transporte y que el mismo Santos —atareado en su ‘Vuelta a Colombia’, dando a conocer los resultados de gestión en los dos años de gobierno— le había dicho que después hablaban del asunto. Lo cierto es que más allá de las indagaciones disciplinarias de la Procuraduría, por ahora todo está en el plano de lo ético y la responsabilidad de mantener o no a Peñaloza es del presidente. Aunque es uno de los funcionarios que vienen del gobierno anterior, el mintransporte fue el coordinador general de la campaña presidencial de Santos. A la Casa de Nariño le toca evaluar la conveniencia de tener a alguien al que el Congreso y la opinión pública ya miran con desconfianza.