Las pesquisas se extendieron por más de cuatro meses y el martes el país supo del grave despojo del que ha sido víctima el Estado por parte de particulares que, con la connivencia de funcionarios públicos, se apropiaron de áreas que estaban destinadas a la conservación.
Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, explicó que las denuncias ya fueron interpuestas ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Durante la investigación se analizaron 5.500 folios de matrícula, algunos de los cuales datan de 1.904. Según el informe, de cuatro predios iniciales se logró deslinderar más 1.200, la mayoría mediante maniobras fraudulentas.
A la vez se desprende que, en muchos de los casos, la principal responsable del despojo es la misma Alcaldía de Cali que, en sucesivas administraciones, vendió predios que no podían ser objeto de comercio, incluso muchos de ellos por debajo del valor comercial.
Vélez advirtió que en las próximas horas ordenará la intervención de la oficina de registro de Cali. Así mismo explicó que las principales modalidades de despojo encontradas son: sentencias de declaraciones de pertenencia después de la declaratoria de parque natural, resoluciones de adjudicación de baldíos, escrituras de dación en pago, cesión de bienes fiscales y aumento de áreas sin fundamento técnico.
Para Vélez, esta investigación evidencia el empeño del Gobierno por la recuperación de terrenos del Estado y con esto se le da continuidad al análisis del caso de los parques nacionales, bienes que son de los colombianos y bajo ningún caso pueden estar en manos de particulares.