En momentos en que las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda causan revuelo en el país, el Congreso acaba de definir los integrantes de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Una célula encargada de hacer control político a la manera como se manejan los recursos de las actividades de inteligencia y el apego de estas a la Constitución. Pero aunque sus miembros ya están definidos y sus funciones absolutamente claras, aún existe un tema por aclarar: ¿quién será su secretario? Un asunto que, dado el carácter reservado de la información que se maneja, requiere de especial atención.
El miércoles pasado, en la única sesión pública hasta ahora de la Comisión, se eligió al senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, como su presidente. Los otros integrantes son los senadores Jimmy Chamorro (la U), Paola Holguín (Centro Democrático), Jaime Durán (Partido Liberal), y los representantes Pedro Orjuela (liberal), Jaime Yepes (la U), Miguel Barreto (conservador) y Tatiana Cabello (Centro Democrático). Estos parlamentarios serán los encargados de que situaciones como las ‘chuzadas’ del DAS, la Sala Gris o Andrómeda no vuelvan a ocurrir.
Y es que precisamente fue a raíz del escándalo de las ‘chuzadas’ en 2010 —recién posesionado el presidente Santos— cuando se tramitó el proyecto de Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. La iniciativa fue aprobada, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible por considerar que no era ordinaria sino una reforma a la Carta. La iniciativa volvió al Capitolio y cumplió su trámite de nuevo. Pero sólo en abril de 2013 el presidente Santos estampó su firma en la ley, signada bajo el rótulo 1621.
Como primer presidente de la recién creada Comisión, Carlos Fernando Galán debía resolver el asunto de la Secretaría. Los candidatos son siete: Rosalba López, una ingeniera industrial que hoy está en la subsecretaría de la Comisión Sexta; Eduardo Castañeda, licenciado en ciencias sociales y exrepresentante a la Cámara; Claudia Alzate, administradora que se desempeña como subsecretaria de la Comisión Segunda; Luis Ramón Silva, abogado y magistrado auxiliar de Angelino Lizcano en el Consejo de la Judicatura; Xiomara Vargas, actual jefa de archivo del Senado; Yolima Herrera, comunicadora social que trabajó con Simón Gaviria, y Danilson Guevara, administrador de empresas que ha asesorado la Comisión Segunda y trabajó con la exsenadora Alexandra Moreno Piraquive.
Pero como se sabe, las secretarías de las comisiones en el Congreso hacen parte del fortín burocrático de los legisladores y son repartidas en acuerdos partidistas. Y una fuente le contó a El Espectador que la de la Comisión de Inteligencia le tocó a la U y que entre los senadores Carlos Enrique Soto y Roy Barreras se pactó que este último estaba los cuatro años en la Comisión Primera a cambio de que Soto estuviera en la Séptima y recibiera dicha Secretaría.
La cuota de Soto, según dicen, es Luis Ramón Silva, un abogado que se desempeña como magistrado auxiliar de Angelino Lizcano, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien apareció en los titulares de prensa por su cercanía con el renunciado e investigado Henry Villarraga y también figura entre los investigados por el llamado carrusel de pensiones. El rumor es que Silva ya tiene el respaldo suficiente para ser elegido. “Es un cargo muy apetecido, por la información que manejan y por los aspirantes, porque el sueldo ronda los $12 millones”, dijo una fuente cercana al proceso.
Y como en todas las elecciones —más si tienen que ver con políticos y cargos burocráticos—, los antecedentes de los aspirantes fuertes empiezan a circular. Y las anotaciones de Silva no son de poca monta, aunque algunas tengan que ver con su vida personal. Lo primero que se dice de él es que tuvo un incidente con un policía bachiller, a quien se negó a entregarle sus documentos y con el carro le pisó los pies. El tema está en la Fiscalía como violencia contra servidor público. En diálogo con este diario, Silva sostuvo que la investigación fue archivada.
Pero el tema realmente complicado tiene que ver con su exesposa Elsy Mireya Pinzón, quien hoy está en el equipo de trabajo del senador Armando Benedetti. En la Seccional de Fiscalías de Bogotá existe una querella contra Silva por violencia intrafamiliar. Y en el Juzgado Segundo de Familia aparece una declaración en la que Silva confiesa que agredía a Elsy, pero advierte que ella también lo hacía, y que para tener pruebas de su convivencia con ella dejaba grabadoras en áreas comunes de su apartamento. Al ser consultado por El Espectador, pidió que no se indagara sobre asuntos de su vida personal y dijo que su aspiración la hace como ciudadano de a pie, con su hoja de vida debajo del brazo.
Lo cierto es que el miércoles pasado, luego de elegir al presidente de la Comisión, se debía definir quién sería el secretario. Pero Carlos Fernando Galán, apelando al artículo 61H de la Ley 5 de 1992, sostuvo que los funcionarios de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia, así como los miembros de las unidades legislativas que los parlamentarios designen, deben someterse a un estudio de credibilidad y confianza, y que serán las mesas directivas de la Cámara y el Senado las que decidan qué organismo realizará el estudio.
Galán explicó que propuso el aplazamiento de la elección del secretario porque le preocupa que quienes tengan acceso a la información de esta comisión no sean aptos para desarrollar las tareas. “Preocupa que haya infiltrados. Eso puede pasar, hay que buscar un mecanismo de confiabilidad serio, que nos dé garantías y que eso se haga antes de que sesionemos. Estoy estudiando la manera como puede ser la prueba”, expresó el senador de Cambio Radical, quien en los próximos días tendrá que resolver este problema.
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@AlfredoMolanoJi