Hace 40 años, el departamento del Valle era un modelo de progreso y su capital, Cali, el ejemplo de civismo. Después llegó el narcotráfico, que revolcó todo a su paso y, al ritmo de una cultura del dinero fácil y de la ilegalidad, trastocó muchas costumbres de convivencia. Entre los ecos de una guerra que no ha concluido y de su influencia en la sociedad, vino luego un remezón en la dirigencia política, algunos de cuyos voceros han transformado al departamento en un escenario de interminables reyertas judiciales, electorales y partidistas.
El último capítulo se llama Héctor Fabio Useche. No alcanzó a durar cien días en el cargo como gobernador del Valle: un proceso que le tenía pendiente la Contraloría, por ser responsable de un detrimento patrimonial de $40.667 millones cuando se desempeñó como secretario de salud del exgobernador Juan Carlos Abadía, le impidió continuar su mandato. Por ahora, en calidad de encargado está el consejero presidencial Aurelio Iragorri, pero su designación tiene alborotada la política regional.
El caso es que, más allá del episodio actual que tiene enfrentados a los políticos del Valle, la suerte de este departamento parece signada, casi desde el comienzo de la elección popular de alcaldes y luego con la de gobernadores, por el asedio de la justicia. En el trasfondo, como lo admite el coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Valle, Luis Alejandro Arévalo, lo que se sigue advirtiendo es el daño que el narcotráfico causó a los partidos políticos hasta desinstitucionalizarlos.
Aunque siempre alegó su inocencia y argumentó que su caída fue provocada por enemigos políticos, cabe recordar que el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien representaba un modelo distinto a la clase tradicional a finales de los años 90, terminó destituido en julio de 1999 por cuenta de los coletazos del proceso 8.000. No fue el único político del Valle que terminó enredado en este escándalo. Buena parte de los receptores de dineros del narcotráfico fueron dirigentes de la región, varios de ellos con curules en el Congreso.
Con un agravante más: durante muchos años, el imaginario de la guerra contra las drogas en Colombia estuvo centrado en el desafío del llamado cartel de Medellín y su ofensiva narcoterrorista. En contraste, los grandes capos de Cali y del norte del Valle gozaban de una cómoda impunidad. Apenas a mediados de los años 90 empezó la persecución en serio en el occidente del país, pero la cultura del narcotráfico había ganado mucha ventaja y las consecuencias no se hicieron esperar.
Tanto a la Gobernación del Valle como a la Alcaldía de Cali, y otros municipios del departamento, han pasado mandatarios serios o al menos ajenos a escándalos, pero también han abundado los episodios críticos. Basta recordar el breve mandato de Juan Carlos Abadía en la Gobernación, en 2010, y su sonora caída por participación en política. Sin embargo, para nadie es un secreto que luego llegó la revancha cuando uno de sus segundos, Héctor Fabio Useche, salió elegido un año después. Un breve continuismo hasta para perder el cargo.
Pero qué piensan los analistas sobre el contradictorio destino político del Valle en los últimos tiempos. El citado Luis Alejandro Arévalo, coordinador de la MOE en el Valle y director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, insiste en la nefasta influencia del narcotráfico. “Estrenó en el departamento una nueva lógica de poder a partir de los capos de la mafia. Basta un ejemplo: en algunos municipios del norte del Valle ha habido buenos mandatarios, pero con otros es mejor no preguntar quién financió la campaña”.
En opinión de Arévalo, en este confuso panorama han venido apareciendo movimientos desechables que sirven para uno o dos períodos electorales, pero que tienen una particularidad: son mutantes y han extendido sus redes de poder hasta los municipios. Una explicación que demuestra una realidad aún más preocupante: si a nivel de la Gobernación del Valle o de la Alcaldía de Cali se ven tantos hechos sospechosos, qué decir de algunos municipios donde se ha apalancado un poder de facto.
Consultada sobre el horizonte político de su región, la principal líder política del departamento, la senadora Dilian Francisca Toro, observó que en el Valle hay problemas que son evidentes, pero en ningún caso pueden estar asociados a la destitución del gobernador Useche. Eso sí, la senadora Toro admitió que muchas veces las diferencias políticas se reflejan en una oposición no muy sana. Lo que conviene, recalcó, es confiar en la justicia.
Sin embargo, la parlamentaria vallecaucana dejó entrever que aunque es necesario esperar decisiones de fondo en el caso del gobernador Useche, por si es necesario convocar elecciones a corto plazo, su propuesta es buscar un candidato de coalición que no polarice al departamento. Una fórmula altruista pero difícil de lograr en una región donde la pelea por el poder es precisamente una jungla. Y uno de los temas de fondo es la influencia que aún tienen el exgobernador Abadía y el exsenador Juan Carlos Martínez.
Tanto el uno como el otro suelen atribuir sus dificultades judiciales a una persecución que incluso consideran clasista. Pero los hechos son contundentes. Abadía perdió la Gobernación porque de la noche a la mañana pensó que podía desconocer sus limitaciones en materia de participación en política, mientras que Martínez fue condenado por el escándalo de la parapolítica y ha sido un personaje duramente criticado por sus actuaciones, pero con un poder electoral que ya no puede ostentar la tradicional clase política del Valle del Cauca.
La directora del Instituto de Ciencia Política, Marcela Prieto, cree que en el caso del Valle inciden dos aspectos primordiales: primero, que ha sido un departamento muy golpeado por la violencia, y segundo, que no ha habido un liderazgo importante para revertir tal situación. Y tampoco, añadió Prieto, se ha visto una acción colectiva de los ciudadanos por exigir cuentas o pedir resultados. Es decir, la falta de participación ciudadana se ha dado de manera paralela al debilitamiento de la institucionalidad en la región.
No se puede olvidar que por su condición geográfica, el departamento del Valle representa una región de posibles corredores del narcotráfico. La Costa Pacífica está muy próxima, y para nadie es un secreto que hoy parte de las guerras del narcotráfico se libran en esta zona del país. Eso explica la alta densidad de gente armada en la región, desde Nariño hasta el Chocó, con Farc, Eln, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y otros cuantos grupos armados ilegales, todos pescando en un mismo río revuelto. Con ese panorama, ni los líderes se atreven.
“Esos son los síntomas que demuestran que nuestra democracia regional es muy endeble, por no decir débil, y que además está contaminada por factores emocionales, políticos o económicos que ponen en alto riesgo la fortaleza de su democracia”, agregó el representante a la Cámara Heriberto Sanabria. Un duro diagnóstico, pero que de alguna manera sintetiza la desconfianza de la propia clase política frente a lo que está sucediendo. “Si la solución a los problemas del Valle es la salida de Useche, que se dé. Pero ojalá que el remedio no resulte peor que la enfermedad”.
Desde otra orilla ideológica, el senador vallecaucano del Polo Democrático Mauricio Ospina reconoce que hoy el Valle es el departamento con la peor institucionalidad del país, y que esta evidencia no es otra cosa que el reflejo del comportamiento democrático. “En una sociedad donde los votos amarrados a la maquinaria, los votos comprados y los bajos índices de opinión son el denominador común, no puede extrañar que pase lo que hoy está sucediendo. Las campañas se hacen con demasiado dinero y eso también corrompe”.
Ajeno a las divergencias del poder vallecaucano, pero con la experiencia de haber sido escogido el mejor gobernador del último cuatrienio, el exministro Horacio Serpa Uribe atribuye la realidad, no sólo del Valle sino del país, a una gran inestabilidad electoral: “No hay parámetros para definir la actividad de los partidos. Éstos se dividen, negocian, carecen de propósito esencial, y en estas condiciones las decisiones que toma el electorado terminan fragmentadas. Mientras no prevalezca la coherencia partidista seguirán los problemas”.
En síntesis, aunque en el departamento del Valle se vive desde hace buen tiempo una penosa realidad política, no es una excepción a lo que pasa en otras regiones del país. Lo que pasa es que alrededor de la influencia de Cali, la tercera ciudad de Colombia, hay muchas decisiones que pesan y que terminan repercutiendo en su red de municipios. Y es en este escenario donde el asunto es aún más complejo. Un solo ejemplo salta a la vista: además del exgobernador Abadía, otros nueve mandatarios de municipios importantes, elegidos en 2007, tampoco pudieron terminar sus períodos.
Por ahora se espera que se pueda solucionar la interinidad que vive hoy el departamento. El Gobierno ha decidido consultar al Consejo de Estado para saber si tiene que convocar a nuevas elecciones, y por lo pronto puso como gobernador encargado a Aurelio Iragorri Valencia, hijo del senador Aurelio Iragorri Hormaza y nieto del expresidente Guillermo León Valencia. Sin embargo, así como algunos sectores han recibido con complacencia esta designación, hay quienes creen que el Gobierno pasó la raya y está causando más líos.
Nada es predecible. Héctor Fabio Useche cree que recuperará su mandato e incluso espera que una acción de tutela sea su tabla de salvación. En el mismo sentido están remando sus seguidores. Pero desde el otro lado ya se siente una gran alianza, estilo Unidad Nacional, para posicionar a un líder que le retorne al Valle el prestigio que se merece. Todo está por verse, pero entre tanto el departamento del Valle vive, como en estos días de Semana Santa, los pasos del viacrucis.
Cuando cambió la política
El principio del caos que tiene hoy en jaque la estabilidad política en el Valle del Cauca fue la influencia de los carteles de tráfico de drogas en la dirigencia del departamento en la década de los 90. El episodio cumbre fue el proceso 8.000, donde además de resultar salpicado el entonces presidente Ernesto Samper, absuelto por el Congreso, quedó en evidencia el complejo matrimonio entre los políticos y los carteles entonces encabezados por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Hoy, las secuelas se mantienen vigentes.
Veredicto del Consejo de Estado
La ausencia de Héctor Fabio Useche en la Gobernación del Valle del Cauca dejó varias dudas en el Gobierno, porque no es claro si esta destitución es de carácter absoluto o temporal. Por este motivo, el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, pidió concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para confirmar si resulta necesario convocar a nuevas elecciones en el departamento para escoger al sucesor de Useche.
Si es necesario hacerlo, son tres meses de plazo para inscripción de candidatos y realización de los comicios.
Cuatro gobernadores en menos de dos años
El Valle del Cauca ha sido un departamento golpeado por la interinidad. Juan Carlos Abadía fue destituido por participación en política y en su reemplazo fue nombrado Francisco Lourido. Para las elecciones de 2011 ganó Héctor Fabio Useche, quien fue sancionado por detrimento patrimonial. El gobierno nombra entonces temporalmente a Aurelio Iragorri, pero es casi inminente la convocatoria a unas nuevas elecciones.