Los muchos afanes del oficialismo para sacar adelante el Código Electoral en 2020 poco sirvieron. Primero, la revisión de la lista se tomó tanto tiempo que no pudo estar lista para que rigiera el proceso electoral legislativo y presidencial de 2022. Segundo, la premura por aprobarlo en sesiones extra fue su tumba, pues la Corte Constitucional determinó que una ley estatutaria no se puede aprobar en este periodo posterior a las sesiones ordinarias. Por esta omisión, el país se quedó con un código electoral que data de 1986, cinco años antes de la aprobación de la actual constitución.
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El Código Electoral vigente es viejo y pensado para otras épocas, se hizo evidente en las elecciones de este 13 de marzo. El proyecto que se acaba de hundir traía varias soluciones ante el atraso. Uno de los temas que más costará es el de la paridad. Fue todo un logro que Cámara y Senado aprobaran un artículo que ordena que las listas con más de cinco momentos tuvieran que garantizar que el 50 % de sus aspirantes fueran mujeres. Pero, tras la determinación del tribunal constitucional, se vuelve a la fórmula del 30 % de mujeres para cumplir con la ley de cuotas. Además, si la lista es de menos de cinco miembros, esta condición no se debe cumplir.
El proyecto recién hundido también tenía varios elementos de implementación tecnológica. Por ejemplo, se aprobaron nuevas tecnologías para la biometría y la creación de pilotos desde 2023 para la adopción del voto electrónico mixto. La reforma electoral lectoral también establecía una ampliación de la jornada electoral y daba condiciones más claras para el voto anticipado en el exterior. De acuerdo con la ley, las votaciones actualmente son hasta las cuatro, pero este nuevo código las extendía hasta las cinco.
El texto objetado por la Corte también cambiaba el periodo de inscripción de las campañas. Este actualmente está entre seis y tres meses antes. Sin embargo, la reforma buscaba hacer este plazo de entre siete meses a un año, lo que en teoría acaba con las candidaturas sobre la hora. En este sentido se bajaba los requerimientos para las candidaturas por firmas. La ley que quedó vigente establece que se necesita las firmas de al menos el 20% del censo electoral del cargo a aspirar para poder lanzarse sin el aval de una colectividad. Sin embargo el Código hundido establecía este requerimiento en 10%.
Otro de los apartados que buscaba el fallido Código Electoral era establecer una mayor vigilancia a las encuestas y las empresas que las realizan. Esto implicaba que las encuestadoras debían registrar los contratos que celebraran para estos sondeos ante el CNE. En este mismo sentido, se establecía mayores criterios de rigurosidad para garantizar que el proceso electoral fuera el adecuado.
Entre las modificaciones que ya no serán está la de adelantar las elecciones regionales. Actualmente estas se celebran en octubre, pero la reforma planteaba que se hicieran en septiembre. En este mismo sentido de lo electoral, se establecían nuevos protocolos para el preconteo y el escrutinio para dar mayor garantías al proceso, incluso se acababa con el cuestionado formulario E-14. Dichas reformas cobraban más valor debido a los escándalos recientes.
En este mismo sentido de dar mayores garantías se establecían unos mínimos para que los partidos, organizaciones civiles, entre otros pudieran llevar a cabo las auditorías de los distintos softwares para el escrutinio y otras partes del proceso electoral. Este elemento era importante si se tiene en cuenta que estos procesos son actualmente a discreción de la Registraduría y por eso ha sido cuestionada la entidad dirigida por Alexander Vega.
Por otro lado, el hundimiento del proyecto también acaba con polémicos puntos como el que el que le daba mayor control al registrador para nombrar los cargos administrativos. Esto iba en contra de la carreta administrativa al interior de la entidad y se presumía que iba a ser usado para clientelismo.