Este martes, el candidato presidencial Sergio Fajardo junto a integrantes de la Coalición Centro Esperanza radicaron una denuncia por prevaricato por acción contra el presidente Iván Duque en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿La razón? Según alegan, el jefe de Estado, dentro de sus funciones constitucionales, debió de objetar el artículo que congelaba la Ley de Garantías dentro del Presupuesto General de la Nación de 2022 que aprobó el Congreso a finales de 2021.
Dentro de la denuncia, recordaron que, según el mismo fallo de la Corte Constitucional que tumbó dicho artículo, todo proyecto sobre garantías electorales debe tramitarse como una ley estatutaria y no ordinaria, como ocurrió. “Iván Duque es abogado de profesión y se desempeñó durante cuatro años como senador, por lo tanto, era conocedor del artículo 152 de la Constitución (sobre leyes estatutarias”, se lee en el documento.
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Para Fajardo y los otros denunciantes, Duque sabía del vicio de trámite en el que se incurrió con la aprobación del proyecto y su posterior sanción presidencial, sin enviar el artículo sobre Ley de Garantías a revisión constitucional.
“Desde el momento mismo que se puso en discusión en el Congreso el texto del artículo 124 (sobre Ley de Garantías) de la mentada ley, en los medios de comunicación y en las redes sociales se dio un intenso debate que puso de presente que una modificación de una disposición de garantías electorales mediante la ley de presupuesto era una maniobra para eludir el control previo de constitucionalidad. Sin embargo, el Gobierno Nacional no se opuso y alentó el trámite de esta. Y cuando el texto aprobado en el Congreso llegó al despacho del presidente Iván Duque para su sanción, fueron muchas las voces que lo alertaron de la irregularidad que traía el artículo y le pidieron insistentemente objetarlo. A pesar de eso, el presidente sancionó la integralidad de esa ley el 12 de noviembre de 2021″, se destaca en la denuncia.
Así mismo, se trajo a colación la decisión de la Corte Constitucional que señaló una violación a la reserva de las leyes estatutarias que exigen el control de constitucionalidad, que no tuvo el artículo 124 del Presupuesto General de la Nación, y ordenó que el fallo tuviera efectos retroactivos. “Nunca antes una decisión de esta naturaleza había tenido efectos retroactivos. Esta situación ocasionará millonarias demandas de carácter civil contra la nación que, seguramente, terminaremos pagando todos los colombianos con nuestros impuestos y de esto será corresponsable el presidente por no haber objetado el artículo 124″.
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Bajo la presunción de que el presidente tenía conocimiento de lo que ocurriría con dicho artículo, justificaron que Duque habría incurrido en prevaricato por acción. “Para el caso que hemos venido analizando, la decisión considerada como prevaricadora es palmaria y manifiestamente inconstitucional, es decir, que la contradicción entre el actuar del presidente y el mandato constitucional es evidente y no necesita de mayores elucubraciones”, insiste los denunciantes.
Fajardo y los otros dieron como prueba del conocimiento del presidente sobre cómo tramitar proyectos que implican garantías electorales posiciones que tuvo él como senador. “Tan claro es el dolo en este asunto que, en octubre de 2017, el entonces senador Iván Duque se opuso a la propuesta del gobierno de la época de modificar la Ley de Garantías Electorales para no detener la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. Según el senador Duque, esa propuesta significa ‘hacer un esguince a la Ley de Garantías para abrir la compuerta a la mermelada en época electoral’”.