El calendario electoral con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 sigue avanzando, mientras los partidos y coaliciones se mueven para definir sus listas al Congreso y fichas para competir por ser el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Pero mientras se llega a esa etapa, estas son las fechas claves a tener en cuenta de los que queda del 2025 y lo que viene del próximo año.
El próximo 8 de marzo de 2026 será la fecha en que la ciudadanía elegirá a los nuevos integrantes del Congreso de la República. Esta jornada servirá como antesala del proceso presidencial y marcará el inicio de un nuevo ciclo institucional.
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Durante todo 2025 se desarrollarán las fases previas de este proceso:
- 8 de noviembre: cierre del registro de comités de candidaturas e inicio de la inscripción de candidatos.
- 8 de diciembre: fecha límite para inscribir candidatos y comenzar la propaganda electoral en espacios públicos.
Camino hacia los comicios de marzo de 2026
En los primeros meses de 2026 se consolidarán los detalles finales:
- 8 de enero: último día para inscribir la cédula y apertura de los espacios gratuitos en medios de comunicación.
- 21 de febrero: fecha límite para designar jurados de votación.
- 26 de febrero: publicación oficial de las listas de jurados.
- 7 de marzo: inicio de la ley seca a las 6:00 p. m.
- 8 de marzo: jornada electoral. Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., momento en que comenzarán los preconteos.
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Un proceso que define el rumbo del país
Las elecciones de marzo serán determinantes, ya que de sus resultados dependerá la configuración del Congreso que tomará posesión el 20 de julio de 2026. Además, marcarán el clima político para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, y una posible segunda vuelta el 21 de junio.
La Ley de Garantías entra en vigor desde el 8 de noviembre
Cabe recordar que desde el 8 de noviembre y hasta el 8 de marzo entra a regir la Ley de Garantías, una norma diseñada para asegurar la transparencia y la igualdad en los procesos de elección popular. Su propósito principal es evitar el uso indebido de los recursos públicos y la intervención de los servidores del Estado durante las campañas políticas.
Esta ley entra en vigor cuatro meses antes de las elecciones, periodo en el cual se establecen restricciones sobre contratación estatal, manejo de nóminas, uso de bienes públicos, comunicación institucional y difusión de encuestas.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los convenios interadministrativos se restringen desde el 8 de noviembre, y la contratación directa general a partir del 31 de enero de 2025.
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