Ante la denuncia de posibles irregularidades en el proceso de contratación para suministro de alimentos en las cárceles del país adelantado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec, y la supuesta colecta de tres firmas por $1.000 millones para quedarse con la mayor parte del contrato, el empresario Fabio Doblado Barreto –señalado como uno de quienes hizo parte de ese ‘recaudo’– desmintió esa versión. (Lea más de la denuncia).
Doblado Barreto dijo a Elespectador.com que “a nadie se le podría ocurrir hacer una oferta $1.000 millones, cuando en días pasados denunció presuntas irregularidades en el proceso de contratación”.
Recapitulando sus actuaciones, Doblado señaló que luego de un estudio del proceso de contratación, que se abrió en prepliegos el 14 de mayo, su compañía evidenció que se podrían cometer varias irregularidades, según un estudio adelantado con sus abogados.
Por eso, a través de una Veeduría Ciudadana, suscrita por su abogada Vila Alcira Páez, el 16 de mayo puso en conocimiento de la secretaría presidencial de Transparencia y Lucha contra la Corrupción las posibles irregularidades:
Falta de claridad en la naturaleza del contrato Información incompleta por cuanto no se presenta el estudio elaborado por la Universidad Nacional Omisión de información sustancial en la ficha de estudios previos Concentración de la contratación, lo que podría identificar monopolio “Creo que como estaban los prepliegos se podría monopolizar el contrato pero siempre he creído que hay que darle al pequeño y mediano empresario”, señaló.
Ya no como veedora ciudadana sino como apoderada de Fabio Doblado Barreto, el 28 de mayo la abogada Vilma Páez objetó el proceso por la falta de claridad en el mismo.
Según él, aunque la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec pagó un estudio de $207 millones a la Universidad Nacional, no se entiende por qué no se conocen los resultados del mismo.
Al referirse sobre hacia quién o quiénes puedan ir esa presunta concentración denunciada, Doblado dijo desconocer los posibles beneficiarios.
Por eso, consideró que fue un “acto criminal” la denuncia presentada por Andrés Felipe Rodríguez, a título de ciudadano pues no tiene ningún soporte de la supuesta colecta radicada en una carta el 29 de mayo, un día después de que Doblado objetara el proceso.
“Esa carta enviada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec es de un criminal porque no se me puede acusar de una colecta cuando siempre he tenido claros los cánones de la ley”, señaló.
Además, dijo que presentó una denuncia por injuria y calumnia ante la Fiscalía para que investigue las actuaciones de Rodríguez. “Solo conozco a los otros contratistas por las audiencias y jamás me he reunido con ellos”, agregó.