La Comisión Quinta del Senado fue este semestre el escenario de confrontación entre el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, por temas sobre baldíos, el desarrollo agropecuario y el impacto ambiental de la actividad petrolera y minera. Su presidenta, Maritza Martínez, es la única representante de la Orinoquia en el Senado y en diálogo con El Espectador da un punto de vista diferente al ya polarizado debate.
¿Cuál es el enfoque que usted propone para abordar el debate sobre la altillanura?
Hay un esfuerzo privado que hoy está en suspenso por la polémica en torno al tema de los baldíos. Si el Gobierno no se apresura a tomar medidas efectivas, que tienen que ver con presupuesto, y el Congreso a reglamentar el régimen de baldíos, no va a pasar nada. Va a quedar truncado lo que se suponía era una gran apuesta productiva para el país.
¿A qué se refiere cuándo habla de medidas efectivas?
El Gobierno dice que tiene un gran interés en la región, pero cuando uno busca hechos concretos no encuentra respaldo presupuestal. En el presupuesto para 2014 lo que hay es una disminución cercana al 50% para el sector agropecuario en los departamentos de la Orinoquia. No hay coherencia.
¿Y qué salida tiene esto?
Nuestra esperanza es que se invierta más de lo que veníamos recibiendo en la Orinoquia.
¿Cuál es su opinión del Ministro Rubén Lizarralde?
Tiene la cartera más importante del país y la responsabilidad de enfrentar con éxito la profunda crisis del sector. Si podemos encontrar la mejor manera de direccionar los recursos vamos a convertir a Colombia en un fortín agropecuario. Pero mientras el ministro esté enredado en una pelea ideológica, va a ser muy difícil que cumpla con esta tarea. No puede distraerse en la misión que se le ha encargado.
¿Qué está pasando con los inversores en la Orinoquia?
Los empresarios que llegaron a la altillanura lo hicieron para aportar recursos, no para recibirlos. Ellos no pueden recibir los recursos de fomento. Por otro lado, los inversionistas están paralizados porque no se les determina con claridad el régimen jurídico de las tierras. No saben si a los predios que adquirieron después de 1994 se les aplican las restricciones de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Las inversiones de ellos dependen de la claridad en el régimen jurídico de la tierra.
Lizarralde presentó el proyecto de baldíos para retirarlo después, ¿qué espera de esa iniciativa que volverá al Congreso el próximo año?
Esperamos que el proyecto pueda ser construido también por los parlamentarios de la Comisión Quinta y que su discusión no vaya a ser de afán. Es una ley urgente que tiene que incluir la voz de la gente de la Orinoquia. No puede pasar lo del Conpers para la región, que se hizo desde Bogotá.
¿Usted cree que este es un Gobierno centralista?
No solo este, los últimos tres o cuatro gobiernos han impulsado reformas que apuntan a centralizar los recursos.
¿Cómo es ese proyecto que usted impulsó para la adjudicación de tierra a las mujeres del campo?
Es un proyecto que busca que haya una política diferencial que obligue al Estado a entregar el 40% de los terrenos baldíos a las mujeres cabeza de hogar del mundo rural y que esto vaya acompañado de recursos de fomento para proyectos productivos. Esto va a revolucionar el campo colombiano.
Estuvo muy atenta al tema de la consulta popular en Tauramena, ¿cómo ha visto este tipo de iniciativas?
Siento que hay muchas inquietudes sin resolver y las comunidades terminan buscando la forma de expresarse. Por eso vimos lo de Piedras (Tolima) y ahora lo de Tauramena (Casanare). Si el Gobierno no incluye unas mesas de trabajo para atender las inquietudes de la gente, la cosa se va a complicar. La gente ha empezado a tener inquietudes ambientales y las han tramitado sin éxito. La gente está haciendo las tareas ambientales que las autoridades no resuelven. Lo de Tauramena es solo un llamado de atención para que las autoridades ambientales y mineras los escuchen. Mi postura en el tema petrolero es en favor de las comunidades, porque estas no han sido reconocidas como interlocutores.
¿Cuál sería su balance como presidenta de la Comisión Quinta este semestre?
Ha habido mucha actividad de control político en tema de baldíos y de impactos ambientales y sociales, causados por proyectos de extracción minero-energéticos. Lo que se quedó debiendo ha sido más por responsabilidad del Gobierno, como por ejemplo el Estatuto Rural, la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales, el proyecto de acceso a tierras y reforma al régimen de baldíos, y el Código Minero. La actividad de la Comisión fue fructífera en control político y en iniciativas legislativas.