Con 24 horas de diferencia, el Gobierno logró concertar un primer acercamiento con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, mientras que casi al mismo tiempo la justicia le propinó un duro golpe al exmandatario con la condena de la exdirectora del DAS y su exsecretario general, a la vez que instó a la Fiscalía a seguir investigando el llamado episodio de las chuzadas a miembros de la oposición, periodistas y magistrados de las altas cortes. Dos visiones constrastadas alrededor del dilema Santos-Uribe que, sin duda, tendrán repercusiones en los próximos días, sobre todo ahora que empieza a calentarse la política de cara a las elecciones locales y regionales de octubre próximo.
En términos de precedente histórico, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, en su momento dos alfiles del segundo mandato Uribe, deja una lección contundente. Las prácticas ilegales en el ejercicio de gobierno, así el exmandatario quiera atribuirlas a supuestas persecuciones políticas de la justicia, son incompatibles con el sistema democrático y la ética en el quehacer gubernamental. Si a ello se suma el reciente fallo contra los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, y el exsecretario general Alberto Velásquez por el caso de la yidispolítica, salta a la vista que existe una responsabilidad política que Uribe no puede eludir.
Otro asunto es que en los vaivenes de la política estas acciones independientes del Poder Judicial puedan repercutir en el plano electoral. Hoy, el expresidente Uribe es la cabeza del principal partido de oposición —Centro Democrático— y orienta una bancada de 20 senadores y 19 representantes a la Cámara, y es claro su propósito de posicionar esta colectividad con escaños en concejos y asambleas, así como en alcaldías y gobernaciones. El interrogante estriba en saber si la opinión pública va a pasarle cuenta de cobro al uribismo por los probados excesos del pasado reciente o si conservará su espacio político, basado en sus radicales diferencias con el gobierno Santos y su proceso de paz.
La última encuesta de Gallup no refleja un impacto mayor después de conocidos los reveses judiciales del uribismo. En cambio castiga al Gobierno, sobre todo después del aleve ataque de las Farc en el norte del Cauca, con saldo de 10 militares muertos. La caída de Santos en el respaldo a su gestión no tiene otra explicación que la reacción ciudadana a esos hechos, así como el ascenso del número de personas que no confían en el proceso de paz. En contraste, la imagen de Uribe sigue por encima del 50%. Lo anterior podría significar que la gente sólo cree en el presente, y este horizonte indica que lo que está en juego hoy es el proceso de La Habana y sus repercusiones en el país.
Es decir, a pesar de la contundencia de las decisiones judiciales en los expedientes de la yidispolítica o las chuzadas del DAS, definitivamente la política tiene otra lógica, y el reto actual es continuar en la negociación con las Farc, pero buscar fórmulas para hacer eficaces esos diálogos con hechos de paz. Y es en este escenario donde las fuerzas encontradas se acercan a un territorio común. En el fondo Santos sabe que necesita acercar a Uribe a sus intenciones de paz; y en la misma línea, el actual senador entiende que no puede marginarse de la búsqueda de ésta sin renunciar a sus inamovibles. Un viraje que también es una apuesta en la que se puede enderezar el camino o bifurcarlo definitivamente.
No cabe duda de que la posición de Uribe es la de un sector de las Fuerzas Militares, que no pueden deliberar, pero han dado señales de su inconformismo respecto al rumbo del proceso de paz. Por eso, de alguna manera, cualquier acercamiento entre Santos y Uribe en este cenagoso escenario ayuda a aliviar tensiones. La prueba se dio esta misma semana, cuando el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, tras una reunión con el exmandatario, manifestó que en Colombia no hay enemigos de la paz y que la idea es alcanzar una convergencia nacional en torno a este propósito. La lectura entre la opinión pública es que es posible tender puentes.
A su vez, Uribe admitió que son grandes sus diferencias respecto a los diálogos con la guerrilla, pero insistió en que el proceso debe hacerse sin afanes, y con sus reclamos de siempre: cese de actividades bélicas por parte de las Farc, concentración de tropas con verificación y aceptación de mínimos de justicia, es decir, cárcel. Un catálogo de exigencias que no se advierte tan lejano a las últimas declaraciones del presidente Santos para darle solidez a una negociación en estado crítico. En otras palabras, todo apunta a que las observaciones de Uribe por ahora serán tenidas en cuenta, lo que no implica que nuevos hechos reediten la confrontación política y pública entre santistas y uribistas.
El gobierno Santos necesita el aire de crítica que plantea el Centro Democrático, al tiempo que el uribismo requiere una posición menos radical respecto a las negociaciones. Ambas corrientes políticas saben que estas posturas van a tener incidencia en el debate electoral. En menos de dos meses la calentura va a estar al rojo vivo y para ambos sectores es preferible un ambiente de diálogo que de polarización absoluta en el tema de la paz, en el que todos pueden ser perdedores. Aún más si se concreta alguna forma de consulta ciudadana buscando respaldo a los diálogos. Si hoy el 72% de la población no cree en el proceso de La Habana, con fuerzas unidas puede revertirse esta tendencia.
Una perspectiva a la que puede sumarse en cualquier momento la apertura de diálogos con el Eln. Al respecto, El Espectador conoció que la directriz del presidente Santos es que se debe acelerar el tema y por eso dio instrucciones a los encargados de los acercamientos paras que busquen cuanto antes concretar una agenda y definir una sede para negociar. El objetivo es que la idea de la paz sea definitivamente el lenguaje de la actual administración. Con procesos separados para Farc y Eln, pero con la convicción de que se debe persistir en salidas políticas a la confrontación armada. Una iniciativa en la cual tampoco sería excluida la oposición política encarnada en el uribismo.
En síntesis, en lo que refiere al principal propósito del gobierno Santos, que es alcanzar la paz, la orientación es clara: buscar instancias de diálogo incluso con los sectores más escépticos, hasta consolidar una agenda y un ambiente político proclive a la negociación. Es claro que el principal obstáculo para crear esa atmósfera favorable a las negociaciones es el uribismo en lo político. En la guerra, son las mismas Farc. Sin embargo, si hay acercamientos entre posturas enfrentadas, las únicas ganadoras son las conversaciones. Por eso, ese va a ser el giro de los próximos días. Escuchar a Uribe, ventilar sus inquietudes y de alguna forma garantizar su apoyo, así sea mínimo, a las negociaciones.
Otro asunto distinto es que la perspectiva judicial para Uribe seguirá siendo difícil. Ya fueron condenados dos de sus exministros, dos de sus secretarios generales y la exdirectora del DAS, pero todo apunta a que las investigaciones van a seguir su curso. No sólo en el tema de las chuzadas, sino en otros escenarios del pasado reciente. La situación del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias no es para nada sencilla y en cualquier momento podría complicarse su permanencia en Estados Unidos. Además, está por resolverse el escándalo por las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda, y en ese caso también están en la mira otros alfiles del uribismo.
Si se tiene en cuenta que la gestión de Eduardo Montealegre en la Fiscalía ya entró en su etapa regresiva —le quedan 10 meses—, es claro que no está muy lejos la definición de situación judicial para Luis Alfonso Hoyos, director espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, así como la del mismo excandidato y la de su hijo, David Zuluaga. También se acerca la hora de las decisiones en el tema Santiago Uribe. Eso en lo que corresponde a la Fiscalía, sin que ello signifique sindicaciones. Pero eso sí, se advierte, tanto en el ente investigador como en la Corte Suprema, que no van a parar las pesquisas contra la gente cercana al exmandatario de quien se tengan dudas de su conducta.
Obviamente, en la visión uribista, es una persecución a su entorno político. Pero la justicia tiene otros tiempos que no tienen por qué coincidir con los electorales. Hasta el momento, parece que las sentencias contra cercanos colaboradores de Uribe no tienen un efecto político. Sin embargo, cuando empiece la campaña electoral, formalmente a partir del 25 de junio, con toda seguridad van a salir a relucir para tratar de inclinar la balanza en contra de los candidatos del uribismo. En ese escenario, la posición del gobierno Santos sería tomar distancia para que no se interprete que la ofensiva de la justicia obedece a directrices pensadas desde la Casa de Nariño.
Entre otros factores porque el fiscal Montealegre ya dejó claro cuál va a ser su último envión para ayudarle al jefe de Estado en su cruzada por la paz: la propuesta de que, a través de un referendo, se le otorguen facultades extraordinarias para reglamentar el Marco Jurídico para la Paz, en materias como justicia transicional para otorgar penas alternativas a quienes se desmovilicen, posibilidad de centrar las investigaciones en los máximos responsables, participación política o la obligatoria creación de una comisión de verdad. De antemano se sabe que Uribe se va a oponer, por eso, el Gobierno no quiere que las investigaciones de la justicia se asocien con su distancia con el uribismo.
No son claros entonces los caminos políticos. En mes y medio concluye la legislatura y con ella una de las reformas con mayor expectativa: el equilibrio de poderes. Sin embargo, como están las cosas hoy, no son cambios trascendentales. En contraste, el proceso de paz seguirá siendo el nudo de discordia en el actual panorama político, lo que exige para el Gobierno mucho tino a la hora de canalizar las críticas de sus más enconados opositores, que no son otra cosa que Uribe y los suyos. Razón de más para insistir, vía Néstor Humberto Martínez, en una especie de tregua con el expresidente para escucharlo y, de paso, tranquilizar a quienes siguen su pensamiento, incluyendo algunos militares.
Lo demás es asunto del fuero interno de cada elector. Es grave lo que ha concluido la justicia respecto a la conducta de personajes como María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Sabas Pretelt o Diego Palacios. Y más aún cuando queda claro que todos incurrieron en delitos por acatar directrices mayores. No obstante, hasta el momento, esos fallos parecen no repercutir en la opinión ciudadana. ¿Se mantendrá esta perspectiva en el debate electoral de alcaldías, gobernaciones y corporaciones legislativas municipales y departamentales? ¿Podrá el gobierno Santos y sus alfiles revertir su caída libre en las encuestas? Se acerca el tiempo de los discursos por el poder local y aún es incierto si cambiará radicalmente el mapa político.
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¿Pacto por la Paz Santos-Uribe?
Hasta el procurador Alejandro Ordóñez celebró esta semana las coincidencias que se han presentado en los últimos días entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, frente al proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Farc en La Habana. “Resalta que tales coincidencias recaen sobre la negativa del Gobierno Nacional a ceder a un cese bilateral antes de la firma del acuerdo y a la referencia hecha por el señor presidente a pena de cárcel obligatoria”, precisó el jefe del Ministerio Público en un comunicado.
Según Ordóñez, la búsqueda de estas coincidencias es el punto de partida para alcanzar un Pacto por la Paz y así lograr “la concordia nacional, la reconciliación, superar las divisiones creadas en la sociedad alrededor de los diálogos con la guerrilla y garantizar que lo que se acuerde con las Farc se cumpla y se pueda cumplir”.