En medio de recientes polémicas respecto al libre ejercicio del periodismo, como la orden de la Fiscalía de inspeccionar el archivo de Noticias Uno para obtener información sobre una transmisión de ese noticiero de 2013, o la aprobación en la Cámara de Representantes de un artículo que podría derivar en la restricción de la labor periodística y en el control a las acciones de los funcionarios públicos, el presidente Iván Duque se comprometió a objetar cualquier amenaza a la libertad de prensa.
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Lo hizo mediante su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que reiteró su compromiso con la Declaración de Chapultepec que suscribió en marzo de 2019 durante el encuentro semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con su firma, el presidente Duque se unió a otros presidentes de la región en su compromiso con la libertad de prensa.
“En este Gobierno haremos siempre todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para proteger la libertad de prensa, para proteger la libertad de expresión y para que no quede en la impunidad ninguna agresión a quien tiene por deber la defensa de la verdad y la defensa de las libertades de una sociedad.”, dijo en su momento el mandatario.
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Ahora, en tiempos en que el país discute sobre el tema, el presidente defendió ese principio y aseguró que la libertad de prensa “es un deber incuestionable” y dejó entrever que, de aprobarse el punto del Proyecto de Ley que busca “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, lo objetaría.
Vale recordar que durante el encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que significaba la conmemoración número 25 de la Declaración de Chapultepec, el presidente Duque fue enfático en su compromiso con la libertad para el ejercicio del periodismo. “Pueden tener la certeza de que mientras ejerza la Presidencia de la República, de aquí al 7 de agosto del 2022, vamos a trabajar de la mano, todas las autoridades, para esclarecer, para castigar y para prevenir cualquier amenaza a la libertad de prensa en Colombia”, dijo entonces.
El artículo, que fue apoyado por la mayoría de los representantes (67 votos en contra y 51 votos a favor), establece una adición al código penal para que se establezca la injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos. El texto, defendido por el oficialismo, contempla sanción de cárcel de entre cinco y 10 años, y multas de entre $11 millones y $1.359 millones. Además, se establece que si quien profiere la injuria o calumnia es representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, se suspenderá o cancelará la personería jurídica de esta.
En el mismo artículo se establece que si el responsable de esta conducta es el representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, “el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competentes que, previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria”.
Este artículo fue incluido en el informe de ponencia para segundo debate en Cámara de Representantes, a cargo del representante César Lorduy (Cambio Radical) y, ante la controversia, varias organizaciones han manifestado su preocupación por el riesgo para la libertad de prensa en que derivaría dicha proposición.