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Estado gana demanda y evita pago de $150 mil millones

La superintendencia de Notariado y Registro le ganó una demanda a la urbanizadora López y Suarez por un presunto error en una matrícula inmobiliaria.

23 de diciembre de 2011 - 05:21 a. m.
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La Superintendencia de Notariado y Registro ganó una millonaria demanda interpuesta por la compañía urbanizadora López y Suarez LTDA, que manifestó, mediante demanda interpuesta, sentirse afectada por las correcciones que el registrador de Bogotá Zona Sur, había efectuado en unos folios de matrícula inmobiliaria los cuales contenían inscripciones, que según el demandante, no correspondían con la realidad jurídica del predio.

La Urbanizadora López y Suarez pretendió mediante distintos recursos que la Supernotariado le reconociera la suma de 150 mil millones de pesos por lo que ellos consideraban un error registral. Como lo fallos resultaron adversos acudieron finalmente a un recurso extraordinario de súplica, para que el Consejo de Estado dejara sin piso las actuaciones de instancias anteriores y mediante este ordenara a la Supernotariado reconocerles la suma pretendida.

“El Consejo de Estado al resolver el recurso de súplica interpuesto por el demandante consideró que la finalidad de la función pública del registro es resguardar la pureza, transparencia y autenticidad de la información sobre la tenencia, posesión y dominio de los bienes en garantía de su tráfico jurídico”, señaló el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García.

“Así mismo la autoridad judicial señaló en su sentencia que el registrador tiene competencia de reconstruir folios de matrícula inmobiliaria que hayan sido adulterados o suplantados, teniendo como fundamento los documentos auténticos y cumpliendo a cabalidad los procedimientos administrativos que rigen las actuaciones administrativas, como lo hizo en este caso la Oficina de registro de Bogotá, Zona Sur”, dijo Vélez García.

El funcionario destacó el trabajo realizado por el equipo jurídico de la Supernotariado, que lideró la defensa de la entidad evitando una millonaria erogación a la institución por costos de defensa, dadas las altas pretensiones económicas del demandante.

 

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