En las ciudades las personas no se sienten seguras. El temor a los atracos, hurto de vehículos, viviendas y hasta homicidios es una realidad palpable. Y pese a que el Gobierno ha hablado de la implementación de estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana, los cambios no se ven. Francisco José Lloreda, alto consejero para la convivencia y la seguridad ciudadana, ha sido uno de los encargados de diseñar un plan paracombatir la delincuencia en las ciudades. Explica en qué va su implementación. Afirma que la prohibición del porte de armas es una medida necesaria, pero que no soluciona el problema de fondo, y sostiene que es inaplazable la elaboración de un diagnóstico completo de la situación para tomar las medidas necesarias. Considera que la estrategia que está en marcha dará frutos.
¿Qué tan importante resulta esa medida de prohibir el porte de armas de fuego?
Es un componente más de la política de seguridad y convivencia, no es una medida aislada, forma parte de un conjunto de estrategias para mejorar en la seguridad ciudadana.
Usted habla de otras medidas. ¿A qué se refiere?
La política se puede resumir en una frase: ser duros con el crimen y duros con las causas, responder con contundencia a las manifestaciones de criminalidad.
¿Cuáles estrategias ya están actuando?
Para avanzar en seguridad y convivencia no sólo se requiere la labor de la policía. Tenemos cinco estrategias: de justicia, de policía, de prevención social, cultura ciudadana y que los ciudadanos sean más responsables y activos frente a la delincuencia.
Pero la ciudadanía reclama resultados inmediatos…
Existen resultados de corto plazo, muestra de ello es la disminución de los homicidios en las principales ciudades. Pero debemos entender que algunas medidas están por implementarse. Por ejemplo, se definió una estrategia contra el hurto de celulares porque ahí está el grueso de los robos a personas. Esa estrategia tendrá plena ejecución este año, porque así se estableció en la ley de seguridad ciudadana con los controles a la venta y activación de equipos. Un celular hurtado no se podrá usar.
No es percepción, las personas se sienten inseguras. ¿El Gobierno conoce la magnitud del problema?
Tenemos problemas de información en especial con el hurto callejero. Cuando éstos registran un incremento no tenemos certeza si es de criminalidad o de denuncias. Esto porque a la fecha sólo contamos con los registros de la policía, lo que no revela la totalidad del panorama delictivo. Por eso vamos a realizar una encuesta nacional de victimización, teniendo como base las 20 ciudades que hemos definido como prioritarias para la implementación de la política de seguridad. Ahí tendremos un verdadero diagnóstico y las autoridades podrán focalizar sus acciones.
¿Quiere decir eso que no existe un diagnóstico?
Contamos con información clara en relación con homicidios, muertes en accidentes de tránsito y hurto de carros. Pero frente al hurto a personas y la extorsión, la información es precaria porque los niveles de denuncia son bajos. Por ejemplo, los delitos por cada 100 mil habitantes en el Reino Unido son 10.510, en Chile 8.549, Estados Unidos 3.933 y Colombia 325. Esto sugeriría que el Reino Unido es un caos y Colombia es un remanso de paz.
¿Cómo pretenden que las personas denuncien, si están atemorizadas?
Este asunto es muy complejo. En el marco del sistema penal oral acusatorio, quien adelanta una denuncia está llamado a confrontar al victimario. Nosotros sugerimos que se establezcan mecanismos para adelantar denuncias de carácter oficioso y sin que quien formule la denuncia tenga que ser llamado a comparecer. De lo contrario, seguiremos teniendo un vacío profundo en materia de denuncias.
El tema de ‘Los Urabeños’, ellos están actuando en las ciudades…
Hay ciudades en donde se confunden asuntos propios de la seguridad ciudadana con los de seguridad nacional. El Gobierno ha entendido que el desafío de las bandas criminales es un tema nacional, pero es claro que existen vasos comunicantes.
Usted habla de un marco normativo para la seguridad ciudadana, ¿a qué se refiere?
Es una combinación de medidas: ya anunciamos una reglamentación para la tenencia y porte de armas. Esta ley de seguridad buscó solucionar los cuellos de botella que enfrentaban las autoridades. El Código de Policía y convivencia ciudadana que presentaremos al Congreso y que busca dotar de mayores instrumentos a las autoridades. La reforma al Código Penitenciario, que busca mayores controles contra la extorsión y las actividades delictivas que se generan desde las cárceles. La reforma al Código Nacional de Tránsito, que busca que las licencias no se entiendan como un derecho adquirido. Colombia tiene un número vergonzoso de muertes en accidentes de tránsito.
¿Y dónde queda la cultura ciudadana?
La convivencia es un esfuerzo de largo aliento. Las autoridades deben actuar de la mano de la sociedad. De ahí la importancia de hacer equipo con gobernadores y alcaldes, en especial en las 20 ciudades que hemos calificado como críticas.
¿Hay un compromiso de alcaldes y gobernadores con el tema?
El año pasado notábamos que no era mucho lo que avanzábamos, había alcaldes y gobernadores cansados y casi contando los días para irse. Tenemos gran expectativa con los mandatarios entrantes, ellos han manifestado su decisión de hacer de la seguridad ciudadana una prioridad. La alta consejería busca servir como articulador de los esfuerzos y responsabilidades entre las entidades nacionales y locales.
Frente a los menores de edad, ¿se ve más represión que el componente educativo?
En la estrategia de prevención el grueso de sus líneas tienen que ver con los niños y adolescentes. Esto va más allá de la retórica, hemos avanzado en identificar los programas que desde la nación deben implementarse y se va a concretar con un proyecto de ley de prevención del crimen. Debemos evitar que inicien carreras criminales y para eso se requieren acciones en el plano familiar, educativo y en búsqueda de oportunidades.
¿Y cuándo vamos a tener mejor seguridad en las ciudades?
La política está en ejecución, pero hay medidas que son de mediano y largo plazo, otras ya están en funcionamiento. Debemos partir de la base de que en Colombia no existía una política de seguridad y convivencia, este era un apéndice de la política de seguridad nacional. Viene la gran encuesta nacional de victimización para tener un diagnostico real. La lucha contra la criminalidad, si bien requiere respuesta a corto plazo, no se trata de una carrera de velocidad sino de una carrera de resistencia.