Según el senador del Polo Democrático Gustavo Petro, la reforma política aprobada en la madrugada del jueves en sexto debate en la Cámara de Representantes abre la posibilidad para que paramilitares e incluso personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad puedan acceder a cargos públicos y llegar al Congreso de la República.
El asunto es que el proyecto incluía una modificación al artículo 122 de la Constitución Política, prohibiéndole a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o del narcotráfico, ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular o elegidos o designados como servidores públicos. “Mejor dicho, los procesos de paz de 1989 quedaban tirados a la basura y se pretendía que los reinsertados no podrían ni siquiera ser contratistas del Estado, así como ni siquiera ser porteros de una escuela”, explicó Petro.
Pero una proposición presentada por el representante Franklin Legro, también del Polo Democrático, trató de subsanar el problema, al agregarle a dicho artículo la frase: “Exceptuando los delitos políticos o de procesos de paz anteriores o futuros pactados con el Gobierno”. Frase que si bien tiene la mejor intención, abre la puerta para que personas como Salvatore Mancuso o Ernesto Báez puedan aspirar en un futuro al Legislativo.
El tema del acceso de los paramilitares al Congreso no es nuevo. Desde un principio, a partir de la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno ha intentado que exista esa posibilidad. De allí la discusión que se formó cuando trató de considerar a los jefes de las autodefensas como sediciosos. Hoy, la reforma política podría revivir esa polémica figura.
“Estuvo bien por el representante Legro de tratar de corregir el error, pero ese intento de corrección les abre las puertas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, como los paramilitares. Hay que arreglarlo cuando el proyecto llegue al Senado”, indicó Petro.
Para el autor de la proposición, el representante Franklin Legro, era claro que tal y como estaba redactado el artículo en un principio inhabilitaba a los antiguos miembros del M-19 para estar en cargos públicos. “Básicamente quiero dejar la puerta abierta a los futuros procesos de paz y creo que es conveniente dejar esa posibilidad en la Constitución”, agregó.
Según el congresista vallecaucano, no se puede prohibir a toda persona que haya sido condenada por delitos políticos que pueda acceder a cargos públicos. En este sentido, recordó que actualmente hay dirigentes del Polo Democrático —como Antonio Navarro, gobernador de Nariño, y el mismo senador Gustavo Petro— a quienes se les debe permitir continuar ejerciendo sus cargos, ganados en las urnas. “En algún momento ellos fueron condenados, pero también indultados como fruto de un proceso de paz”, dijo.
Lo cierto es que el asunto parece ser de doble filo para el Polo. Por ejemplo, el representante de esa misma colectividad Wilson Borja es de los que cree que el presidente Uribe “lo que hizo fue ofrecerles a los paramilitares ser políticos por medio de esta reforma política”, mientras que David Luna, del partido Por el País que Soñamos, celebra que no se les haya cerrado el camino a los políticos que fueron militantes del M-19, aunque ve también un “peligro” que se le esté dando paso para que los desmovilizados de las Auc ingresen al sector público o hagan política electoral.