Esa es la esencia de la ley aprobada el pasado miércoles por el Congreso, con la cual se saca del limbo jurídico a más de 30 mil desmovilizados, entre los que se cuentan los 17.500 paramilitares rasos que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Con esta decisión, el Gobierno Nacional evita que quienes abandonaron de forma voluntaria los grupos armados ilegales asuman condenas por sus actos delictivos, luego que la Corte Constitucional tumbara el principio de oportunidad como mecanismo para que éstos mantuvieran su libertad.
El coordinador de ponentes de esta ley, senador Roy Barreras, manifestó que el veloz trámite de la iniciativa envía un mensaje claro a quienes deciden dejar las armas y reintegrarse a la vida civil con la confianza de que el Estado cumplirá con los compromisos que ha asumido: “Esta ley implica la suspensión de la pena privativa de la libertad y de la orden de captura, claro, con el cumplimiento de algunos requisitos”.
Según la Corte Constitucional, dentro del marco de la justicia transicional, es necesario garantizar la reparación de las víctimas y el acceso a la verdad. Por eso, la ley contempla que el Gobierno promueva un acuerdo de contribución a la verdad histórica para poner en vigor los principios de verdad, justicia y reparación.
Dicho acuerdo, en principio, será asumido por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y, en seis meses, se constituirá una gran Comisión de la Verdad que se articule con la ley de víctimas y ley de tierras.
Pese a la importancia de esta ley como ‘salvavidas’ de los desmovilizados, Barreras manifestó que “es necesario trabajar en un marco normativo para los procesos de paz a futuro, en el cual se deberán abordar temas como la amnistía, el indulto, la paz integral y una ley de punto final”, enfatizó.
Otro de los aspectos que contempla la norma es que quienes se desmovilizaron deberán comprometerse a la no repetición y a ejecutar actividades de trabajo social con las comunidades.