No es sólo el presidente Juan Manuel Santos quien está jugado por la paz. A esta cruzada, que ha generado posiciones encontradas, se sumó ahora el fiscal general Eduardo Montealegre, quien además de reclamar la aprobación del proyecto de acto legislativo del marco legal para la paz, se atrevió a poner sobre el tapete la necesidad de construir un marco jurídico que dé vía libre a la amnistía y al indulto para lograr la salida negociada al conflicto.
“Es necesario que se introduzca en la Constitución la posibilidad de aplicar amnistías condicionadas, que planteen la cesación de la acción penal para la guerrilla o para los actores del conflicto, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y, obviamente, garantizar la reparación”, dijo Montealegre, y agregó que “la amnistía y el indulto, en la actualidad, están ligados al concepto de delito político y este margen se quedó estrecho frente a la realidad del conflicto colombiano”.
Sin embargo, la propuesta del fiscal no es de fácil aplicación. En primer lugar, porque ya existe jurisprudencia que plantea que ese tipo de amnistías sólo pueden otorgarse en el marco del delito político y las organizaciones armadas que no actúen en contra del establecimiento no pueden recibir tales beneficios jurídicos.
Este fue el punto que dejó en el limbo el proceso de paz con los paramilitares, cuando una sentencia del 11 de julio de 2007, con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, descartó la posibilidad de la cesación del proceso jurídico contra el desmovilizado Orlando César Caballero, al considerar que en su condición de paramilitar no podía ser objeto de delito político o sedición. Jurisprudencia que iría en contravía del planteamiento del fiscal Montealegre.
Las críticas a la propuesta no se hicieron esperar. El representante a la Cámara Miguel Gómez señaló que “esa filosofía es equivocada porque partimos de la base de que la paz va a surgir de la impunidad y la paz sólo puede surgir de la justicia. No se puede pretender suspender la acción legal contra personas que han cometido crímenes atroces”.
Pero también surgieron voces de apoyo, como la del senador liberal Luis Fernando Velasco, quien manifestó: “Me gusta que quien abra el debate sea una persona de la autoridad del Fiscal. Él, con buen juicio, señala que si se inicia un proceso debemos evaluar esta posibilidad. Esta decisión es impopular, pero el país debe reflexionar si es posible acabar el conflicto”.
Paralelo a este debate, el proyecto de marco legal para la paz atraviesa horas oscuras en el Congreso. El martes, en la plenaria de la Cámara, estuvo a punto de hundirse cuando un grupo cercano a los 40 parlamentarios, encabezados por el representante conservador Obed Zuluaga Henao, presentaron una proposición de archivo, lo que obligó a aplazar la discusión para la próxima semana.
Este aplazamiento, señalan en el Congreso, tiene como finalidad esperar el regreso de Santos de su gira por Oriente para que pueda encarrilar la iniciativa, hoy por hoy objeto de crecientes críticas, incluso dentro de la misma Unidad Nacional.