Reveladores datos sobre el comportamiento político y electoral de los colombianos arrojó la encuesta contratada por la Misión de Observación Electoral (MOE) en la cual sobresalen hallazgos como: la complicidad y complacencia de los ciudadanos frente al fraude en elecciones, el poco interés de los jóvenes y las mujeres por votar y el respaldo de la mayor parte de los ciudadanos a los principales temas de la agenda de gobierno como la ley de víctimas, de primer empleo y reforma a las regalías. Sin embargo, hay claras reservas sobre los actos legislativos de sostenibilidad fiscal y reelección de alcaldes y gobernadores.
Uno de los temas que más llama la atención del informe es el alto impacto de la compra de votos: uno de cada cuatro colombianos sabe de alguna persona que haya vendido su sufragio. Cifra que se dispara en la las principales ciudades de la Costa Caribe como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería, donde la percepción es que más de la mitad de las personas han depositado su voto a cambio de algún tipo de beneficio.
Al respecto la directora de la MOE, Alejandra Barrios, manifestó que “hay definitivamente unas acciones que nos preocupan porque atentan contra la libertad del voto, como la entrega de bienes, mercancías y hasta subsidios a cambio del sufragio, en ese sentido. Esto es muy preocupante porque hay una gran cantidad de recursos que están entrando para los damnificados del invierno y pueden ser utilizados para favorecer campañas políticas, estamos dando un campanazo para que se realice un seguimiento estricto de autoridades y ciudadanía”.
Para el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, aunque se ha venido avanzando en el trámite de iniciativas para enfrentar el delito electoral hay problemas de fondo como la pobreza y el desequilibrio social que aprovechan los políticos para comprar votos.
“Desafortunadamente los procesos electorales se han convertido en una forma de conseguir recursos para algunas familias, ojalá cada día gane más terreno la guerra contra la pobreza y eso se reflejará en el comportamiento político de los colombianos”, afirmó.
El informe también reflejó que la participación en elecciones de mujeres y jóvenes es mucho menor que la de los hombres. Al respecto César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, empresa encarda de realizar la encuesta dijo que “se evidencia que hay dos universos distintos: el del censo electoral de mayores de 18 años y otro de las personas que votan. En el censo es mayor el número de mujeres habilitadas para ejercer este derecho, pero el número de hombres que acuden a las urnas es mayor por 9 puntos, lo cual es una diferencia significativa”. Un fenómeno similar ocurre con los jóvenes, el 18% están habilitados para votar, pero sólo lo hace el 8%.
En la encuesta también fueron abordados los temas que se están manejando en la agenda legislativa del gobierno nacional, y en su mayoría contaron con un amplio respaldo. El 81% de los ciudadanos considera que es necesario que el estado indemnice a víctimas de guerrilleros y paramilitares y el 90% opina lo mismo frente a las víctimas de la Fuerza Pública. En cuanto a restitución de tierras, el 96% cree que es necesaria y más del 80% de las personas aseguran que la redistribución de las regalías es un proyecto importante.
Pese a este respaldo, los encuestados también fueron críticos frente a algunas iniciativas como la de eliminar la tutela para el tema del POS, tal como lo plantea el proyecto de acto legislativo de sostenibilidad fiscal. Otro tema que genera claras prevenciones en la ciudadanía es el de la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana: 83% de los encuestados la rechaza.