Con una solución salomónica, Gobierno, Congreso y Fiscalía siguen tratando de enderezar el camino de la maltrecha Ley de Justicia y Paz para evitar que los exparamilitares que se acogieron a esta norma recuperen la liberad sin haber cumplido con sus obligaciones de verdad y reparación a las víctimas. Asimismo, el objetivo es brindar garantías para que quienes dejen las armas en un futuro tengan confianza en el accionar del Estado.
Tras la aprobación ayer en tercer debate de la prórroga a la Justicia y Paz en la Comisión Primera del Senado, se acordó que para la última discusión, en la plenaria de la corporación, se contemple que la reducción de condenas para los desmovilizados sólo tenga validez cuando éstos cumplan con los requisitos de contar toda la verdad sobre el conflicto armado, entreguen los bienes y reparen efectivamente a las víctimas.
Según explicó el senador liberal Juan Fernando Cristo, “la propuesta es que los magistrados de Justicia y Paz dicten las sentencias acorde con los delitos que hayan cometido los desmovilizados, con condenas de 30 o 40 años, y luego de garantizar la reparación de las víctimas sí tendrían derecho a la pena alternativa”.
Cristo agregó que “el cumplimiento de los ocho años de estar en la cárcel no puede significar que tienen derecho a la libertad, porque el beneficio de la pena alternativa se da precisamente bajo la condición de que reparen a las víctimas y que le cumplan a la justicia”.
Por su parte, el director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Miguel Samper, señaló que “dentro de las reformas más importantes que quedaron están las que le imprimen celeridad a este proceso, al reducir el número de audiencias, otorgándole mayores facultades a la Fiscalía General para que pueda aplicar criterios de priorización para concentrar esfuerzos investigativos en el esclarecimiento de los crímenes más graves”.
Con el fin de garantizar la reparación de las víctimas, agregó Samper, también “se concentrará la investigación en debelar la verdad sobre el contexto y el patrón criminal para desmantelar los grupos armados al margen de la ley, y se fortalece la persecución de los bienes de los postulados, que deberán ser destinados a la reparación de las víctimas”.
Aunque esta propuesta hoy es un borrador y la Fiscalía aún no está convencida de que esta sea la estrategia para garantizar la reparación y cumplirles a los desmovilizados, el vicefiscal Jorge Eduardo Perdomo explicó que “no se trata de que salgan libres, pero la Fiscalía ha venido haciendo sus cuentas y para el próximo año las personas que están en Justicia y Paz cumplirían el tiempo de la pena alternativa. Lo que hemos venido proponiendo es que se logre una fórmula que garantice los derechos de las personas que se han venido presentando y que este proceso se saque adelante”.
Reclamando celeridad de parte del organismo acusador, el senador Roy Barreras advirtió que si la Fiscalía no hace una propuesta concreta o acoge la que se está debatiendo en el Congreso, “nosotros nos encargaremos de sacarla adelante, porque este es un tema que no permite tardanzas, ya que los desmovilizados el próximo año podrían pedir su libertad”.
En la prórroga de Justicia y Paz también se incluirá un artículo que evite que los exmiembros de los grupos paramilitares que estén detenidos en Estados Unidos no reparen a las víctimas. Este punto plantearía sus “obligaciones de contribuir con la justicia colombiana” y fijaría “procedimientos para facilitar la cooperación con los procesos penales”.