La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó dentro de la reforma a la justicia un artículo que permitirá acabar con el represamiento de tantos procesos en los despachos judiciales.
La iniciativa establece que notarios y funcionarios administrativos de los despachos judiciales, y en cierto casos, algunos abogados, puedan fallar en los más de 2’500.000 procesos estancados.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que se trata de la posibilidad de que, previa a una ley de la República, se pueda permitir esa atribución «excepcional y transitoria» a quienes formal y ordinariamente no la cumplen.
El Gobierno asegura que para acabar con la congestión judicial se requiere de «utilizar un capital humano con el que cuenta la República y que está desperdiciado«.
«Se trata de abogados conocedores de la ciencia jurídica y que pueden prestar sus conocimientos a la causa de la justicia«, aseguró Esguerra.
Igualmente, el jefe de la cartera de la justicia dijo que «aquí a nadie se le ha ocurrido privatizar la administración de justicia«.
«El Gobierno tiene claro que la administración de justicia es del Estado y que a éste le corresponde, pero a nadie le puede caber duda de que uno de los enormes problemas de la administración de justicia en Colombia es la congestión en los despachos judiciales«, sostuvo el ministro.
De inmediato, el representante del Polo, Germán Navas Talero, replicó al ministro Esguerra y dijo que sí será «privatizar» la justicia.
Según él, sacar la administración de justicia de los tribunales y despachos y dárselo a particulares es dar el paso a la privatización.
Sin embargo, pese a los reclamos de la oposición, la plenaria de la Cámara aprobó el artículo.