El ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo al frente de una cumbre de gobernadores este fin de semana en Bogotá. Aunque hubo varias ausencias de mandatarios regionales que no pudieron viajar, el alto funcionario del gobierno escuchó las preocupaciones de los gobernadores, quienes expresaron sus preocupaciones sobre lo que ha logrado el cese al fuego con tres grupos criminales.
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Uno de los más críticos fue el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca. “Si bien es cierto que se dio un cese al fuego bilateral, el Ejército y la Policía lo cumplieron, pero los grupos no. Siguieron extorsionando, secuestrando y eso no lo podemos permitir los gobernadores. Las fuerzas armadas, la Armada y la Policía esperan una directriz para avanzar y recuperar los territorios pedidos”, señaló.
El evento, conocido con el nombre de: Encuentro para la Territorialización de Política Pública de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz”, también tuvo la presencia de alcaldes de todo el país.
Otro de los gobernadores que criticó los alcances de la política del gobierno fue Aníbal Gaviria. “Esta voz unificada de los gobernadores es una manifestación del agravamiento de la situación de seguridad en el país, según lo que he percibido de las manifestaciones de los mandatarios y los secretarios de gobierno”, señaló el gobernador de Antioquia.
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Por su parte, el ministro de Defensa señaló que el gobierno está dispuesto a estudiar lo que ha pasado durante los últimos seis meses, pues sabe que un “cese que no le sirve a las comunidades, no le sirve al Gobierno”. Al encuentro también asistieron el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo y el Director de la Policía, William Salamanca, y el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien no escapó de la polémica.
Aunque estuvo algunas horas en la reunión, tuvo que excusarse al poco tiempo. El gobernador Gaviria expresó: “A veces uno piensa, por ejemplo, del comisionado de la paz, no sé si es por la falta de tiempo, por la falta de equipo, pero es increíble que tiene mucho más tiempo para estar hablando con las agrupaciones ilegales que con gobernadores y alcaldes, que tenemos un mandato popular y que tenemos una obligación de contribuir”.
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