El Gobierno Nacional hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe la prórroga de la Ley de Justicia y Paz —Ley 288 de 2009—. La petición oficial la hicieron el martes el alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, quienes aseguraron que de no extenderse la medida, 25 mil desmovilizados se encontrarían en un limbo jurídico.
A pesar de la petición, no existe ambiente político en el Congreso para aprobar la prórroga. Basta con ver que este punto se encontraba ayer en la posición 32 del orden del día en la plenaria del Senado. “No hubo interés del Senado sobre el tema en el pasado y este año veo las mismas cosas”, dijo el senador ponente de la iniciativa, Juan Carlos Vélez.
La Ley de Justicia y Paz fue sancionada el 25 de julio de 2005 y cubre los delitos cometidos hasta esa fecha por los desmovilizados de los grupos guerrilleros, pero de acuerdo con cifras del Gobierno, en el año siguiente dejaron sus armas unos 25 frentes de autodefensas conformados por uno 25 mil miembros, así como unos 250 mandos medios de las Farc, entre los que se encuentra alias Karina.
Estas personas no están cobijadas por la Ley “y se pueden ver tentados a reciclarse en la vida criminal”, aseguró Pizarro. Además, Frank Pearl reconoció que el Gobierno no tiene un Plan B en caso de que esta medida no sea aprobada en el Legislativo.