El Gobierno Nacional le respondió a Human Rights Watch (HRW) que no excluirá el fuero militar del proyecto de reforma a la justicia que está en trámite en el Congreso, que reinicia su discusión en marzo.
Pese a la preocupación expresada por esa ONG, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que “no se atenderá” esa petición, toda vez que en la respuesta que desde diciembre entregó el Gobierno, se demuestra que no habrá impunidad en los procesos en contra de militares.
Igualmente, le recordó a HRW que el Gobierno integró una comisión de expertos conformada por civiles, militares y oficiales de policía en retiro -conocedores de la justicia penal militar–, para que revisen como condición universal todo lo concerniente a ese álgido tema.
“Ellos determinarán en su momento cómo se integra su trabajo en un proyecto de reforma y esa podría ser la única razón que determinara que el asunto del fuero pasará a ser parte del mismo proyecto integral”, explicó.
La petición de Human Rights Watch
La iniciativa apoyada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para ampliar el fuero militar es la principal preocupación de la organización Human Rights Watch respecto a Colombia, afirmó este lunes uno de sus directivos, José Miguel Vivanco.
«No entendemos el afán del actual gobierno por producir un retroceso que es perfectamente evitable en una materia que es central para la vigencia de los derechos humanos en Colombia», dijo Vivanco en rueda de prensa en Washington, un día después de que HRW divulgara su informe mundial.
«Lo más delicado que hemos podido registrar este año durante el gobierno de Santos es la reforma» de la justicia militar, señaló.
Ampliar el fuero militar «favorece la impunidad«, toda vez que «es conocido el récord de la jurisdicción militar en Colombia, que se ha caracterizado por encubrir, por manipular evidencias», sostuvo Vivanco.
El proyecto al que se refiere, en trámite en el Congreso, contempla incrementar el alcance de la justicia penal militar para que reciba en primera instancia las investigaciones sobre delitos de los uniformados en actos de servicio.
«Ojalá que el gobierno de Santos retire el proyecto», dijo Vivanco.