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Gobierno obligará a tratamiento médico a todos los drogadictos

El Ministro del Interior presentó proyecto que busca  castigar la dosis mínima.

20 de marzo de 2009 - 07:47 a. m.
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"El porte y consumo de sustancias estupefacientes estará totalmente prohibido", sentencia en el proyecto de ley que pretende modificar la Constitucional para castigar a los consumidores y portadores de drogas.

Este viernes, el Gobierno Nacional hizo la presentación oficial del proyecto de acto legislativo que pretende acabar con la dosis mínima.

El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, dijo que la idea es aplicar "limitaciones temporales al derecho a la libertad".

Esto implica que los colombianos que sigan consumiendo narcóticos serán llevados ante tribunales especializados en el trato a los drogadictos.

"Las limitaciones de la libertad que se llegaren a imponer, no aplicarán de suyo la aplicación de penas de reclusión en establecimientos carcelarios", contempla el proyecto.

Con esto, según Valencia Cossio, "queda superada la polémica de que se pretendía penalizar a los consumidores de droga".

En lo que si ha sido muy enfático el Gobierno, es en su deseo e intención de acabare con el ‘jibareo’ a través de menores de edad. Valencia Cossio insistió en que actualmente se encuentran varios menores explotados siendo ‘mulas urbanas’ para la distribución de drogas.

Tras esto dijo que "si nosotros permitimos el consumo, así sea mínimo, quedaría mal que nosotros estemos luchando contra la producción de la droga y no castiguemos a los drogadictos".

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Aún así, lo esencial de la nueva normatividad que pretende el Gobierno aplicar en el Congreso es el establecimiento de medidas de carácter "pedagógico o terapéutico" para quienes consuman dichas sustancias.

La preocupación del Gobierno, da cuenta según las estadísticas, de casi 4 millones de colombianos que alguna vez en su vida han consumido narcóticos.

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También que son más de 540.000 las personas que en el último año ha consumido algún tipo de droga.

"Lo que nosotros queremos es que se ingresa a un centro especializado al consumidor para rehabilitarlo (…) esta es una obligación del Estado cuando el afectado no quiere recuperarse de este mal", recalcó Valencia Cossio.

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El proyecto es por quinta vez radicado por el Gobierno, ahora ante la Cámara de Representantes.

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