El Gobierno colombiano, por medio del vicepresidente Francisco Santos, aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la implicación de fuerzas del Estado en homicidios de civiles fuera de combate, lo que es conocido como “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”, y pidió perdón a las víctimas, con la promesa de que dichas acciones no quedarán en la impunidad. “Siento vergüenza por esta situación. Pido perdón a las víctimas y prometo que ninguna de estas acciones quedará en la impunidad”, afirmó Santos al rendir informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Según el Vicepresidente, el Gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para tratar el problema, lo mismo que para proteger a los sindicalistas. En su intervención, Santos también defendió la política de desmovilización de paramilitares y su programa de reparación a las víctimas que adelanta el gobierno del presidente Uribe, señalando que la Ley de Justicia y Paz “reconoce los derechos de las víctimas como ninguna otra ley en el mundo”.
Para Iván Cepeda, coordinador del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, el acto de contrición del vicepresidente Santos es sólo una cuestión “formal”, que debería estar acompañada de acciones de “verdadera” voluntad y transparencia frente a las violaciones de los derechos humanos. “El Gobierno ya nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones en el exterior, pero la realidad interna es otra. Las palabras de Santos no se han visto correspondidas por medidas concretas que busquen detener la cadena de acciones de las Fuerzas Militares en cuanto a la violación de los derechos humanos”, expresó.
Cepeda se refirió a los reacciones por parte de funcionarios del Gobierno, incluido el mismo presidente Uribe, cuando se denuncian ejecuciones extrajudiciales. “Al Vicepresidente se le olvidó decir que cuando algunas organizaciones dijimos lo de los falsos positivos, el Gobierno nos ha tildado de aliados de la guerrilla y de querer desacreditar su política de seguridad democrática”, agregó.
Por su parte, Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, indicó que si bien es positivo el hecho de que el Estado colombiano reconozca sus responsabilidades, no se puede aceptar el discurso que posteriormente, en el mismo escenario del Consejo de Derechos Humanos, pronunció el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, quien dijo que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales venía siendo superado y este año se registra una disminución. El dirigente sindical insistió en que el problema no está superado en cuanto a lo que tiene que ver con verdad, justicia y reparación: “Muchas veces el Estado ha pedido perdón, pero no hay resultados en las investigaciones ni mucho menos en la reparación a las víctimas”, concluyó.