Un evento histórico se dio este miércoles en un auditorio pequeño de Paipa (Boyacá). Cerca de cien dirigentes sindicales de todo el país
estuvieron presentes en el inicio del primer proceso de reparación colectiva a sindicalistas, luego de un año de acercamientos por parte
del Estado y las centrales obreras. Un esfuerzo sin precedentes teniendo en cuenta que de acuerdo con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Colombia sigue siendo el país más peligroso para ejercer el oficio sindical.
De acuerdo con el último informe del PNUD, entre enero de 2008 y diciembre de 2012, 1.117 personas fueron agredidas a causa de su
trabajo. De ellas, 182 fueron asesinadas y 11 desaparecidas forzadamente. La impunidad ha sido la respuesta de la justicia, que en
el caso de las amenazas es del 100 por ciento.
En la historia del país, la reparación colectiva siempre se había pensado para casos específicos, o para comunidades étnicas que habían
sido golpeadas en sus territorios o derechos. Esta es la primera vez que se habla de una reparación para un movimiento social y para Julio
Roberto Duque, presidente de la CGT, hay que dejar claro que no se trata de dinero. El panorama plantea desafíos muy grandes. Y se espera
que las respuestas a estos retos, sobre cómo reparar este movimiento, se encuentren en este camino que este miércoles se inauguró en Paipa.
Las propuestas fueron diversas, se habló de la creación de una comisión de la verdad, de actos de desagravios y medidas legislativas
para mejorar las condiciones de trabajo.
Como otro importante insumo para esa compleja discusión se conoció un documento que las centrales obreras construyeron con el apoyo del
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (Iscod) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). El
libro ‘Sindicalismo es igual que democracia’, que plantea que si los derechos de asociación, los derechos laborales y sindicales sirven
para que la gente pueda tener una forma de vida mejor y haya una sociedad más equitativa, el Estado debe garantizar que se rompa la
cultura de estigmatización y de segregación antisindical que se ha radicalizado en el país.
Para Marco Romero, director de Codhes, la medida de reparación tiene que ser la promoción de la afiliación sindical, como eje fundamental,
y que se reconozca por parte del Estado, de los empresarios y de los actores armados, los daños que se han causado. También que haya una
política de fortalecimiento del sindicalismo, ya que en sus palabras “es una vergüenza internacional” que la tasa de asociación sindical
del país sea tan solo del 5%.
¿Y cómo se transforma esa estigmatización de la que se quejan los sindicalistas? “Mostrando lo que el sindicalismo ha hecho. Por
ejemplo, Ecopetrol existe gracias a los sindicalistas porque si hubiera dependido de la clase política la hubieran privatizado hace
mucho tiempo. El país tiene que ver estas dimensiones y no pensar que el sindicato es un costo para las empresas, o que es un factor de
desorden social”, dice Marco Romero.
Al comienzo de esta jornada hubo un fuerte sin sabor en algunas centrales obreras, ya que en el acto inaugural no hizo presencia el
ministro del Trabajo, Rafael Pardo, a quien esperaban. «Hoy nos sentimos menospreciados. Hicimos una rueda de prensa conjunta lanzando
el encuentro, y hoy, cuando hay 500 organizaciones sindicales victimizadas, lamentablemente no apareció el Ministro de Trabajo, el
director de la Unidad de Protección «, dijo Domingo Tovar, presidente de la de Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin embargo, el
Ministro de Trabajo estuvo reunido con miembros de centrales obreras en Bogotá y luego atendió a un debate de control político en el
Congreso.
Por su parte, Paula Gaviria, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dijo que el Gobierno
tiene un compromiso al más alto nivel con este proceso de reparación colectivo para que llegue a concretarse. Este esfuerzo hace parte del
vigoroso impulso que este miércoles el Gobierno le ha dado a la Ley de Víctimas con la firma en el Congreso del protocolo de participación.
En su discurso recogió las propuestas que se hicieron en las mesas de trabajo y señaló que el Ministerio de Trabajo ha sido fundamental en
este camino que apenas empieza. Señaló además que el Gobierno ve viable la creación de una comisión de la verdad que esclarezca los
crímenes de los sindicalistas y que uno de los temas prioritarios será la concertación con las demás entidades para que este proceso sea una
realidad.
Para Gaviria, también es necesario que en este proceso se involucren a los empresarios porque cree que el mensaje es claro y es uno: las
víctimas del país son prioridad para el Gobierno y se tomarán todas las medidas para que el pulso no lo ganen los violentos.
Mientras tanto, en los recintos de este encuentro sindical en Paipa, los dirigentes siguieron denunciando amenazas y mostrando panfletos como una prueba de lo que les toca vivir en las regiones. La petición de medias concretas y de acuerdos fue generalizada. Por lo pronto, esperan poder llegar a un acuerdo sobre otro esfuerzo estatal que no se ha concretizado aún: la implementación del decreto 1092, para la negociación colectiva de mejores condiciones laborales en todo el país, de lo contrario, las centrales obreras se movilizarán el próximo 14 de mayo.