“Se trata de frenar los actos delictivos en el interior de las entidades públicas, fortaleciendo la capacidad de que agentes encubiertos, en desarrollo de una función para desmantelar y develar organizaciones criminales o hechos de corrupción, se puedan hacer pasar por delincuentes”, explicó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. El proyecto aclara que “cuando en investigaciones de corrupción el agente encubierto, en desarrollo de la operación, cometa delitos contra la administración pública en coparticipación con la persona investigada, quedará exonerado de responsabilidad, salvo que exista un verdadero acuerdo criminal ajeno a la operación encubierta, mientras que el imputado responderá por el delito correspondiente”. En la sesión del miércoles fueron aprobados 19 artículos y quedaron faltando 28. La próxima sesión fue citada para el martes 8 de marzo, donde se abordarán los puntos más polémicos de la iniciativa, como las inhabilidades para que empresas que financien campañas políticas contraten con el Estado y el traslado de pruebas de la Fiscalía a la Procuraduría. Otro artículo polémico es aquel que busca ponerle tranca a lo que se ha conocido como “puerta giratoria” entre los sectores público y privado. Allí se busca establecer inhabilidades para aquellos que hayan sido servidores públicos y después quieran contratar con el Estado en un período posterior a cuatro años después de haber salido del cargo.