¿Qué balance hace tras sus primeros cien días al frente de la Defensoría?
Hemos podido acompañar, con optimismo, a millares de colombianos y decenas de organizaciones que trabajan sin descanso para corregir una cultura de violencia que se enquistó en nuestro país. Razones que motivan el compromiso y trabajo diario, llevando la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo a través de la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos en los territorios y las comunidades. Tengo la convicción de que los grandes adversarios de los derechos en muchas regiones del país son el narcotráfico, las disidencias de las Farc, los grupos armados ilegales y la minería ilegal. Estos temas han carecido de una lectura amplia que permita ver su impacto más allá del orden público. El esfuerzo que la sociedad colombiana ha hecho en la lucha contra estos factores es inmenso y doloroso, y enorme su costo en cuanto a vulneración de derechos humanos. Enfrentamos a un enemigo poderoso con una estructura transnacional, en una especie de globalización del crimen.
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Uno ve que siguen los desplazamientos y los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Por qué? ¿No se está haciendo lo suficiente?
Los líderes sociales son personas que ejercen la vocería de sus comunidades. Unas comunidades que no quieren que les destruyan sus entornos naturales, que sus familias sean cooptadas por el dinero ilegal, que sus jóvenes sean reclutados por el crimen o que les contaminen contraculturas del dinero fácil, la corrupción y la violencia. Esas personas alzan su voz contra el narcotráfico, señalan sus peligros y lideran acciones contra ellos; es decir, se vuelven obstáculos para sus criminales objetivos. El narcotráfico quiere poblaciones intimidadas, sin capacidad de lucha y que no alcen la voz.
Resaltamos el papel que ha venido desarrollando el Gobierno nacional en la protección y defensa de los de los líderes sociales, dando cumplimiento al Decreto 2137 de 2018, en donde se busca que las amenazas no continúen presentándose y preservando la vida de todos ellos. Esta importante protección ha logrado que los asesinatos y amenazas se hayan reducido en nuestro país.
De igual manera, hay que destacar el papel de la Fiscalía, que ha adelantando en un 60,5 % los casos de esclarecimiento sobre los homicidios de líderes sociales, entendiendo esta simbiosis y dando importantes resultados contra el narcotráfico. Combatir el narcotráfico es salvar líderes sociales. También ha diseñado una estrategia integral dirigida a atacar las causas que motivan el asesinato de esos líderes, en el entendido de que si se atacan esas causas vamos a lograr salvar muchas vidas de quienes luchan a diario por sus comunidades en medio de inimaginables adversidades. Cada líder social asesinado, desplazado o amenazado es una comunidad que se queda indefensa.
Pero más allá del narcotráfico, ¿no cree que ha hecho falta presencia institucional en esas regiones azotadas hoy por la violencia, adonde incluso han regresado las masacres?
En realidad, los hechos de violencia contra la población civil se producen por la suma de muchos y muy diversos factores. Cada caso es diferente y no es posible reducir las causas a una sola. Por supuesto que en Colombia es necesario que el Estado vaya incrementando su presencia institucional en todas las regiones, y creo que es incontrovertible que lo viene haciendo, pero las respuestas a la violencia son más complejas y requieren de un trabajo mancomunado con la sociedad para poder evidenciarlas y combatirlas.
Cuando asumió el cargo, dijo que iba a mejorar el Sistema de Alertas Tempranas. ¿Qué se ha hecho al respecto? Porque da la impresión de que, a veces, esas alertas no sirven…
Al 30 de septiembre de este año ya sobrepasamos, en cinco homicidios, la cifra de líderes asesinados en comparación con el año anterior, lo que representa un desolador panorama. Es por eso que trabajamos cada día para fortalecer con tecnología y modelos de prevención el Sistema de Alertas. Estamos modernizando el sistema de información a través del uso e implementación de herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar el seguimiento y monitoreo. Consiste en la unificación de plataformas para el registro de información, modernización del sistema de reportes (tableros, gráficas, etc.), adopción del instrumento de análisis diferencial para la construcción de alertas y mejorar las recomendaciones a través de indicadores de seguimiento.
¿Qué se está haciendo frente a los asesinatos de desmovilizados de las Farc?
A la fecha, desde la entrada en vigor del Decreto 2124 de 2017, la Defensoría ha emitido 49 alertas tempranas sobre riesgos para la población excombatiente, recomendando acciones para prevenir la consumación de violaciones a sus derechos y disuadir fenómenos como la estigmatización, que afecta de manera especial a las personas que se encuentran en proceso de reincorporación. En 2018, por ejemplo, las alertas tempranas describían riesgos para las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Con posterioridad, advertimos altos niveles de vulnerabilidad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y amenazas en los Nuevos Puntos de Reagrupación, ahora denominados Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Estas dinámicas nos han llevado a analizar los riesgos para la población excombatiente en situación de dispersión, así como aquellos derivados de la transición de algunos procesos de reincorporación desde los contextos rurales hacia zonas urbanas.
Como consecuencia del seguimiento realizado sobre las situaciones de riesgo que afectan a excombatientes y sus núcleos familiares, la Defensoría avanza en la consolidación del Instrumento de Análisis Diferencial, una herramienta que permite la identificación de situaciones y factores de riesgo y vulnerabilidad que impactan a ciertos grupos poblacionales de manera diferencial, como mujeres, comunidades étnicas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, y quienes se encuentran en proceso de reincorporación.
¿La Defensoría le hace algún seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz?
La paz es uno de los principales derechos que tiene la ciudadanía, por lo tanto, el Estado debe protegerlo y ofrecerles a las personas entornos que permitan su desarrollo y el de sus familias. Va más allá de la firma de un acuerdo. La Defensoría del Pueblo trabaja de manera integral en la protección de líderes sociales, comunidades en condiciones de vulnerabilidad, medio ambiente, género, grupos étnicos y, desde luego, realiza el seguimiento al Acuerdo con su activa participación en todas las comisiones de las cuales es parte. También nos mantenemos en comunicación con la comunidad internacional que lo apoya.
¿Y usted cree que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos de lo pactado en La Habana?
Lo que yo creo es que todos debemos cumplir lo pactado. El papel de la Defensoría en esta materia es incentivar a la institucionalidad y a las demás partes a que cumplan los compromisos que adquirieron. Nuestro papel no es calificar ni descalificar a las partes, sino incentivarlos a cumplir.
¿Qué es lo que está pasando con el reclutamiento forzado de menores y jóvenes durante la pandemia?
Estamos preocupados por el aumento del reclutamiento de menores, por esto iniciaremos a partir del próximo año una campaña que busca prevenir este doloroso suceso para el país, el cual se viene cometiendo en distintos departamentos. Durante la época de pandemia se han presentado 83 casos de reclutamiento de menores, de los cuales 41 son mujeres y 42 son niños o adolescentes. Las edades oscilan entre los ocho y 18 años. De ellos, el 33 % son menores de catorce años, veinte son casos de víctimas indígenas y dos afrodescendientes.
Los mayores responsables de estos hechos son los grupos residuales de las Farc, con 54 casos (63 % de todos los hechos), seguidos por el Eln, con seis casos; posdesmovilizados de Auc, cinco casos y cinco casos de grupos de delincuencia organizada. Los departamentos en que se cometió el ilícito son Caquetá (21), Cauca (19), Putumayo (8), Antioquia (7), Arauca (6), Chocó (4), Amazonas y Córdoba (3), Huila, Meta, Vichada y Nariño (2), y Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima (1).
¿Cómo va la atención a la gente de San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota? Hay quejas de que las ayudas no están llegando…
La Defensoría asumió sus responsabilidades no solo frente a la urgente situación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino frente al desastre climático que ha afectado varios municipios de Chocó, Antioquia, Bolívar y Santander, entre otros. Hemos hecho presencia en la zona desde el comienzo a través de nuestra regional, que, al igual que tantos otros, fue damnificada con su familia perdiendo su casa en Providencia.
La entidad envió a la isla una comitiva compuesta por los delegados étnicos, mujer, infancia y adolescencia, salud, así como la directora de atención y trámite de quejas, para participar en el Puesto de Mando Unificado (PMU) e identificar las necesidades más urgentes y verificar la forma en la que se estaba atendiendo la emergencia. Personalmente, asistí al archipiélago para verificar el avance en la atención. En estos momentos hay nueve entidades operativas y siete sectores priorizados por parte del Gobierno, los cuales han ejecutado a la fecha acciones tan urgentes como el transporte de 1.495 toneladas de ayudas de emergencia, equivalentes a 3.442 kits de alimentos, 716 de cocina, 3.198 de aseo, 1.031 colchonetas, 2.213 carpas, 70 metros cuadrados de plástico y 30.837 litros de agua. Así mismo, se instaló un hospital de campaña en Providencia, se restableció el 100 % del suministro de energía eléctrica en San Andrés, se pusieron en marcha 16 plantas eléctricas y 755 paneles solares en Providencia, todo mientras se reactiva la red de suministro de energía, entre otras muchas acciones. La Defensoría ha acompañado todo este proceso y lo seguiremos haciendo con lo que viene.
El éxito de todo proceso es el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y los habitantes del archipiélago. La Defensoría del Pueblo hará presencia en todo el proceso de reconstrucción. Seguiremos acompañando a los gobiernos nacional y local en este esfuerzo de trabajar unidos en beneficio de las poblaciones que fueron golpeadas por la naturaleza, garantizando la protección a la vulneración de los derechos humanos.
¿En qué va la mediación de la Defensoría frente a los reclamos de la Minga indígena?
La Defensoría siempre estará tendiendo puentes con los líderes de la Minga y el Gobierno nacional, para buscar soluciones a la grave problemática que sufren estas comunidades desde hace décadas. Participamos en todos los PMU regionales que se llevaron a cabo durante el trayecto, y yo mismo, como defensor del Pueblo, viajé al Cauca y a Fusagasugá para dialogar directamente con los líderes sociales, proponerles fórmulas de diálogo y manifestarles la disposición de la entidad a garantizar el derecho a la manifestación pública pacífica.
En los tres días que estuvieron en Bogotá, en varias ocasiones me reuní con los integrantes del CRIC y de otros componentes de la Minga e incluso ayudamos al desbloqueo del Aeropuerto El Dorado. Seguimos en contacto con ellos y con comisionados del alto Gobierno y la participación de la Defensoría durante la Minga indígena y social del suroccidente del país convocada en el mes de octubre resultó esencial como un ejercicio de interlocución, para garantizar el desarrollo pacífico y seguro de la manifestación.
¿Qué se está haciendo frente al hacinamiento en las cárceles del país, que sigue siendo un tema crítico? ¿Se le ha hecho algún requerimiento al Gobierno?
La Defensoría ha realizado visitas conjuntas con el ministro de Justicia, la Fiscalía, el director de la USPEC, el director general del INPEC, gobernadores y alcaldes, el gerente general del consorcio de atención en salud a la PPL, jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y de control de garantías y demás autoridades competentes, con el fin de realizar un diagnóstico actualizado de las condiciones de reclusión de las PPL y así realizar actuaciones defensoriales ‘in situ’ para la protección de sus derechos. La población privada de la libertad es nuestra prioridad, con acciones efectivas y coordinadas con el Ministerio de Justicia y el INPEC, trabajamos por la dignidad humana de esa población vulnerable. Creamos un programa para trabajar de inmediato en el tema penitenciario, buscando mejorar el estado de cosas inconstitucional de nuestras cárceles, declarado desde 1998 y agudizado por la pandemia.
En ese contexto, el Gobierno expidió el Decreto 546 de 2020, con el fin de deshacinar las cárceles, creando mecanismos de prisión domiciliaria transitoria para la población carcelaria en riesgo de contagio. Nosotros tenemos un plan efectivo e inmediato para contribuir con ese propósito y nuestros defensores públicos estarán en trabajo de dedicación exclusiva para ello. Este programa ha sido muy bien recibido y esperamos resultados positivos a la mayor brevedad posible.
Por esta crisis sanitaria se creó un programa especial para atender a estas personas privadas de su libertad con 43 defensores públicos, para hacer efectivos los beneficios del Decreto 546 de 2020, quienes prestarán sus servicios en los principales centros de reclusión, teniendo en cuenta criterios de población y porcentaje de hacinamiento de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Justicia.
Para responder a los problemas del hacinamiento carcelario y crisis sanitaria por la pandemia en esos establecimientos, hemos creado un programa de acción inmediata, donde nuestros defensores públicos acudirán a los jueces de ejecución de penas para materializar los beneficios que otorgó el Gobierno nacional mediante el Decreto 546 de 2020 para esta población vulnerable. Nuestra estrategia ha sido plantear unas brigadas de acceso a la justicia para que los procesos de los sindicados en estaciones de policía y URI se agilicen y la PPL tenga acceso a su abogado y las audiencias correspondientes para avanzar en su proceso, ya sea condena o domiciliaria.
¿Qué se ha hecho frente a los casos de abuso policial? ¿Se definió algún protocolo desde la Defensoría?
En la Defensoría realizamos 24 mesas de trabajo, incluyendo a los accionantes de la tutela que motivaron la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Estamos concretando acciones dirigidas a realizar un control fuerte, estricto e intenso de la actuación del Esmad en las manifestaciones, mediante la participación activa en el Puesto de Mando Único los días de las marchas, la revisión de los implementos autorizados del personal del Esmad y las jornadas de recepción de quejas de la ciudadanía, respecto al abuso en el que pudieron haber incurrido algunos miembros de la Policía. Estamos también facilitando la recepción de quejas para que la ciudadanía pueda denunciar con facilidad excesos o anomalías, acompañados de procesos de capacitaciones en derechos humanos para la ciudadanía, para las unidades policiales y militares.
Dicen que usted llega a las reuniones con líderes sociales acompañado de congresistas. ¿Qué responde a las críticas que lo señalan de ser una persona muy cercana a la clase política?
Efectivamente, en el ejercicio de mi función como gestor de diálogo y en la tarea de escuchar las necesidades y reclamos de los ciudadanos, he asistido a reuniones en donde están presentes congresistas, pero también, gobernadores, alcaldes, personeros, procuradores, miembros de la Policía, Fuerzas Armadas, organizaciones, líderes sociales, miembros de la comunidad internacional y la ciudadanía en general. Mantendré intacta la independencia de la Defensoría y los canales de comunicación abiertos con todos los voceros de las preocupaciones regionales, los promotores de las soluciones, los gobiernos territoriales y nacional, y con la comunidad internacional.
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¿Con qué criterios se están nombrando a los defensores regionales? Hay cuestionamientos puntuales; por ejemplo, el del defensor regional del Atlántico, Carlos Julio Manzano Ocampo, quien estuvo condenado en 2004 por estafa agravada en el multimillonario desfalco de Foncolpuertos…
La Defensoría tiene protocolos de ingresos a la función pública, en donde con toda la transparencia se realizan procesos para que las personas puedan ser nombradas, previa consulta de los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales de los distintos aspirantes. Todos los defensores superaron un riguroso proceso de selección y de verificación de antecedentes de todo orden. Ahora, si existen imputaciones concretas con pruebas, tomaremos las decisiones que se tengan que tomar.
También está el caso del defensor regional de Sucre, Teobaldo de Jesús Núñez Rodríguez, exsecretario de gobierno del exalcalde Jacobo Quessep, cercano al condenado parapolítico Álvaro “el Gordo” García…
Tenemos que ofrecer las garantías al debido proceso, derecho a la defensa y buen nombre para aquellas personas que, con posterioridad a su nombramiento, se presenten quejas por su desempeño anterior o por supuestas investigaciones en curso. De encontrar mérito en ellas no dudaremos un instante en corregir la situación. Es preciso resaltar que a los aspirantes a defensor regional pasaron por una fase de selección y comprobación de antecedentes de todo orden. De otra parte, si se llegare a presentar alguna imputación clara y comprobada, sustentada en pruebas, se tomarán las medidas pertinentes.
¿Sabe usted que el delegado étnico de la Defensoría, Daniel Garcés, es una persona cercana al exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica?
Reitero que existió un proceso de selección y de verificación de antecedentes completo. Por otro lado, en caso de encontrarse mérito sustentado en un acervo probatorio veraz en las quejas presentadas, procederemos con los correctivos a que haya lugar. La Defensoría no puede ni debe promover la estigmatización, pero reitero que, de encontrar mérito en las quejas presentadas, procederemos con los correctivos a que haya lugar.
¿Qué papel cumple en la Defensoría Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de Bogotá y excandidato a la Alcaldía?
No cumple ningún papel y no me molestaría que lo tuviera, porque me parece una persona seria y preparada. Finalmente cualquier persona que tenga algo que aportar a la labor que la Defensoría adelanta por el bien de las comunidades y del país bienvenida sea, pero, como le digo, no cumple ningún papel.
¿No cree que es un error que algunos de sus desplazamientos los haga en aviones de la Fuerza Aérea, pues, como representante de un organismo humanitario, se recomienda no viajar con tropas?
No realizo viaje con tropas. Desempeño una labor de carácter humanitario y me apoyo en los aviones de la Fuera Aérea. Como usted sabe, el tráfico aéreo está afectado en sus frecuencias y sus rutas con ocasión de la pandemia y nosotros tenemos que llegar a los territorios y a lugares apartados del país, a donde ni siquiera llegan vuelos comerciales y que son de difícil acceso. En ese propósito, la Fuerza Aérea ha sido un aliado institucional muy valioso.
¿Qué responde a la demanda instaurada y aceptada en el Consejo de Estado por el congresista David Racero, que busca anular su elección como defensor, argumentando que no cumple con los requisitos de experiencia para ocupar el cargo?
En un Estado de Derecho hay recursos para que las personas que consideren algo puedan canalizar cualquier inquietud a través de una institucionalidad que analiza y resuelve de acuerdo con la ley. En esta materia, uno no tiene opiniones sino respeto total por el demandante y por la justicia del país.
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