Se trata de la obligación, por parte de los miembros de los grupos al margen de la ley que hayan suscrito acuerdos de paz con el Gobierno, de reparar simbólicamente y compensar moralmente a sus víctimas.
La propuesta incluye a todos aquellos desmovilizados que en desarrollo de un proceso de paz hayan sido beneficiados con las medidas de indulto, amnistías, auto inhibitorio, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento, como lo son: el M-19, el Epl o el Quintín Lame.
Los mecanismos para compensar van desde el reconocimiento público, la difusión de las disculpas y la aceptación de las responsabilidades hechas por los victimarios, hasta la identificación de cadáveres y su inhumación posterior. Lara aclaró que “en ningún momento la iniciativa pone en duda los acuerdos suscritos, ni implica reabrir los procesos que han culminado, ni tampoco modificar el régimen de responsabilidad extracontractual vigente”.