Más allá de las implicaciones para la imagen de Cartagena como escenario propicio al turismo sexual, las declaraciones de Dania Londoño Suárez a Caracol Radio y la W, el viernes pasado, en las que reveló los pormenores del escándalo con un agente del Servicio Secreto del presidente Barack Obama, quien no le quiso pagar la tarifa acordada por sus servicios sexuales, pone sobre el tapete un tema que la sociedad mira de reojo: la necesidad de regular, mediante ley de la República, la prostitución.
Lo plantea hoy en El Espectador el exsenador Darío Martínez (ver columna anexa), quien cree que dicha discusión se debe abordar “de manera categórica y sin hipocresía”. Un tema candente por todas las connotaciones de tipo moral, social y cultural que arrastra, pero que el senador Armando Benedetti está dispuesto a abordar: “Vamos a presentar un proyecto de ley para regular esos aspectos laborales de salud, de garantías, de dignidad de la actividad y de derechos”, dijo.
Según Benedetti, siendo la prostitución una realidad, hasta el momento no se ha legislado sobre ella porque “el Congreso es retrógrado y cavernícola, y en él existen dos cajones: uno para meter las cosas a las malas y otro para meterlas a las buenas. Cuando hay temas como éste, no saben qué hacer y prefieren esconderse o dar la espalda. Lo mismo ha pasado con el aborto y la dosis personal, no quieren hablar de prevención ni educación. En la eutanasia ya existe una sentencia que la aprueba, pero no hemos sido capaces de legislar sobre ella. Es vergonzoso que la Corte Constitucional, con sus sentencias, esté legislando por nosotros”.
En Colombia, la prostitución no es un delito, pero tampoco está protegida por ningún tipo de ley. Eso sí, el Código Penal prohíbe cualquier clase de proxenetismo. Hasta ahí se entiende que el marco legal estipula la prostitución como un acto voluntario de subsistencia. En la sentencia T-620 de 1995, la Corte Constitucional dice que es inmoral mas no ilegal, y en la T-629 de 2010, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, establece la cuestión sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, como salarios y prestaciones.
Según el alto tribunal, “para el Estado social y democrático de derecho, la prostitución no es deseable, por ser contraria a la dignidad de la persona humana el comerciar con el propio ser. Pero no puede comprometerse en el esfuerzo estéril de prohibir lo que inexorablemente se va a llevar a cabo y por ello tolera como mal menor, es decir, como una conducta no ejemplar ni deseable, pero que es preferible tocar y controlar, a que se esparza clandestina e indiscriminadamente en la sociedad”.
Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el asunto de regular mediante ley la prostitución es un asunto que se puede mirar pero que primero es necesario socializar: “Hay que ver si tenemos el nivel de madurez social suficiente para eso. De hecho, lo que ha ocurrido es que a base de permisividad y de tolerancia esto se ha venido constituyendo, porque no puede acabarse”.
Es de esperar voces a favor y en contra en el Legislativo y en Colombia. Un congresista conservador, que pidió reserva de su nombre, manifestó que prefería conocer primero los alcances e implicaciones de la iniciativa que el senador Benedetti piensa presentar, para pronunciarse. A su vez, el senador liberal Juan Fernando Cristo, cree que lo que se ha dado con el caso de Cartagena es un “debate fundamentalista y moralista”.
“Todos sabemos que la prostitución no es una actividad ilegal y que hay que reglamentarla, y esa es una obligación del Estado que hasta ahora no ha cumplido. La Cumbre sirvió para poner el tema de moda y hay que aprovecharlo para proteger los derechos de las mujeres pero, al mismo tiempo, para incrementar el tema de salubridad y de las zonas destinadas para esos propósitos. Y no hay que dejar de lado la necesidad de desestimular la prostitución infantil, que lamentablemente está creciendo”, agregó Cristo.
La Iglesia católica, por su parte, tiene su propia visión. Para monseñor Fabián Marulanda, pretender regular la prostitución mediante una ley refleja el tropicalismo de los colombianos y cómo las cosas se quieren hacer al calor de los acontecimientos. Para la Iglesia, la prostitución es una forma moderna de esclavitud y en este sentido se tiene la responsabilidad pastoral de promover la dignidad humana de las personas así explotadas y de abogar por su liberación, para que reciban un apoyo económico, educativo y formativo.
“Esas son cosas que entran en el fuero de la conciencia, y las personas son las que deben entender qué es el bien y qué es el mal, sin esperar que otros —llámense congresistas, magistrados o como sea— lo dictaminen. Es exagerado pretender reglamentarlo todo porque, en últimas, la ley coarta la libertad y empequeñece al hombre en su capacidad de obrar según su conciencia”, agregó monseñor Marulanda.
La asociación Por ti Mujer, en cambio, considera que si la prostitución se regula, serviría para minimizar los abusos de los proxenetas, que actualmente no asumen ninguna responsabilidad. Y pone un ejemplo: así sucedía con el trabajo doméstico, que se empezó a legislar en 1988 y puso freno a los excesos de los patrones.
El debate está servido. El senador Benedetti argumenta aún más sus razones: “No faltará quien diga que yo estoy promoviendo la prostitución y eso no es así. Lo que digo es que si hay prostitución, evitemos que sea un negocio oscuro donde los que comercian con las mujeres son los que se enriquecen. Hay lugares que están prestando esos servicios sexuales en condiciones complicadas; las mujeres son violentadas y eso no puede seguir así. Es claro que ser puta no es delito, pero ser proxeneta sí. Eso hay que reglamentarlo”.