Este martes se logró el acuerdo final en el Senado para la discusión en sexto de ocho debates del proyecto de reforma a la justicia que está en trámite.
El punto clave implica establece que tras la eliminación de la comisión de Acusaciones se crea una comisión técnica conformada por abogados y juristas “de muy alto nivel”.
Así las cosas, la investigación en su etapa preliminar de los altos dignatarios del país, entre ellos el presidente, quedará en manos de particulares.
En esa instancia le “aconsejarán” a la plenaria de la Cámara si hay méritos o no para abrir un juicio político.
El antejuicio político
Sin embargo, se mantiene y regresa al sistema de fuero especial o ‘súper-fuero’ para los mismos altos dignatarios del país.
Es decir el presidente, vicepresidente, procurador, fiscal y magistrados de las altas cortes, deberán ser procesados políticamente primero por el Congreso, antes de llegar a un paso judicial que deberá surtirse en la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, se establece que existe el antejuicio político que se adelantará en la Cámara de Representantes, tras el “consejo” de la comisión técnica. Luego de pasar por la plenaria de la Cámara el caso deberá pasar por la plenaria del Senado y ahí se define la «indignidad política» y por ende suspensión o destitución del cargo.
Ahora, con la eliminación de la comisión de Acusaciones se deja claro que el Congreso no podrá llevar procesos de tipo judicial; por ende, no se podrá hablar de responsabilidad penal de los altos aforados.