El Congreso de la República reactivó este miércoles el proceso de compra de vehículos para los 102 Senadores del país.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, confirmó que nombró de gerente a Jesús María Carrillo, expresidente del Consejo de Estado.
Ya el mismo Corzo pidió acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, y por eso, se limitó a remitir al gerente para que sea consultado sobre cómo va el proceso.
“Se va a pedir transparencia total en cualquier proceso”, aseguró Corzo, quien en 2011 antes de suspender el proceso, fue cuestionado por varios sectores de opinión.
Al referirse a las condiciones de los nuevos vehículos, el senador dijo que se va a pedir a todas las organizaciones del Estado que den su concepto sobre el tema.
“La idea es que esto sea completamente transparente y que participe quien así lo desee”, sostuvo Corzo en diálogo con los periodistas.
Según él, reactivó el proceso porque “hay que solucionar un problema de seguridad y de transporte de los parlamentarios que están en una situación que se conoce”.
Algunas precisiones, según Corzo
Hacienda Nacional asignó recursos para el tema contractual de vehículos del Senado. Planeación Nacional determinará qué clase de contrato debe celebrarse. Es obligación de las entidades públicas ejecutar el presupuesto. ¿Y en la Cámara?
Entre tanto, se conoció que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes decidió el pasado lunes declarar desierta la licitación que buscaba contratar el servicio de mantenimiento de los vehículos de la corporación.
Gloria Inés Raigoza Pinzón, directora Administrativa de ese órgano, dijo que los documentos que acreditaban a uno de los profesionales que integraba el equipo técnico de la única empresa proponente, presentaron “graves inconvenientes” en cuanto a su veracidad.
«Ante tal situación simplemente dimos aplicación a la ley, claro está, protegiendo los derechos de contradicción del proponente, el cual en la audiencia respectiva, ante los argumentos y las pruebas presentadas por el equipo jurídico de la Cámara de Representantes, aceptó la decisión», explicó.
En consecuencia, se procedió a rechazar la propuesta y a declarar desierta la licitación pública. Seguidamente, dentro del marco de las leyes que regulan la materia se procederá a adelantar un nuevo proceso de escogencia, bajo la modalidad de selección abreviada que demorará máximo un mes.
«Necesitamos blindar a la entidad y recuperar su credibilidad no sólo ante los organismos de control y las autoridades competentes, sino especialmente ante la opinión pública», puntualizó Gloria Inés Raigoza.