El presidente Juan Manuel Santos, confirmó a través de su cuenta en Twitter, que en las próximas horas estará en la frontera con Venezuela, acompañando a los colombianos que fueron deportados tras el anuncio de estado de excepción decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El jefe de Estado viaja con los ministros de Educación, Gina Parody; Trabajo, Luis Eduardo Garzón; Vivienda, Luis Felipe Henao, y Hacienda, Mauricio Cárdenas, además del director del SENA Alfonso Prada y la directora del Departamento para la Prosperidad, Tatiana Orozco.
Según cifras oficiales, hasta este momento, 1.085 compatriotas han sido deportados, de los cuales 608 fueron trasladados a albergues –tanto en Cúcuta como en Villa del Rosario–, mientras que el resto se está quedando con amigos o familiares.
El viernes entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por Maduro en un sector de la frontera entre ambos países, motivado por un ataque de desconocidos la semana pasada que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio del Táchira durante una operación anticontrabando.
Maduro achacó entonces el ataque a «paramilitares colombianos» y, tras esta acusación, se produjeron deportaciones masivas de colombianos mientras otros intentaban atravesar la frontera esta semana con camas, neveras y diversos enseres a cuestas, por miedo a perder todo de ser expulsados por las autoridades venezolanas.
«Yo respeto el modelo de Venezuela en su parte económica y ellos deben respetar el modelo que tenemos nosotros», añadió Santos este miércoles.
Considerado por la ONU como el segundo país con mayor índice de homicidios del mundo, Venezuela afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos -muchos de los cuales tienen sus precios controlados-, mientras se desploman los precios del petróleo, del que el país es altamente dependiente.
El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.