La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la misma que muchos relacionan con el expresidente Álvaro Uribe y con los partidos de la U y Conservador, está a punto de sufrir un sigiloso sacudón a manos del presidente Juan Manuel Santos.
Primero, por cuenta de la ley de víctimas, le arrebatarían todas las competencias que tienen que ver con este grupo de personas. Segundo, en el Plan Nacional de Desarrollo, Familias en Acción —el programa más destacado de la Agencia— sería objeto de un recorte presupuestal del 22%, que dejaría por lo menos a 500 mil hogares sin el subsidio.
Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los congresistas de la U Juan Lozano y del conservatismo Efraín Cepeda. El presidente de la U se mostró en contra del recorte al presupuesto de Familias en Acción en $1,5 billones, un programa que, a su juicio, nunca ha sido asistencialista —como aseguran los críticos—, ya que les exige a los beneficiados indicadores de permanencia escolar, talla y nutrición de los niños. Por eso, afirma, su colectividad “dará la pelea” para blindar el programa a través de un proyecto de ley. Cepeda, por su parte, lo secundó al señalar: “Como ponente del Plan de Desarrollo voy a impedir ese recorte. Vamos a exigirlo porque, si no, no van a estar los votos. Será un punto de honor”.
Ambos partidos tienen sus razones para ejercer una férrea defensa. El conservatismo saca pecho por ser el creador de Familias en Acción durante el gobierno de Andrés Pastrana, con recursos del BID, el Banco Mundial y el Plan Colombia. La idea era subsidiar a las familias del Sisbén 1 y 2, con la garantía de que a cambio los niños accederían a educación y mejor alimentación.
Uribe, por su parte, no sólo le dio continuidad al programa, sino un enérgico impulso mediante el Decreto 2467 de 2005, que creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la cual se convirtió en una de sus banderas de gobierno por ayudar a la población vulnerable, pero al mismo tiempo recibió críticas de asistencialista y de representar un jugoso botín electoral.
De hecho, la coincidencia entre los resultados electorales y el programa Familias en Acción quedó en evidencia el año pasado, cuando la organización no gubernamental Global Exchange presentó un informe sobre el proceso de votaciones en Colombia. El documento citó casos como el de la senadora Piedad Zuccardi, de la U, quien sacó la mayor votación en Bolívar y en los municipios de Achí, Altos del Rosario, Córdoba, Hatillo de Loba, Montecristo, San Fernando, San Jacinto, Turbaco y Talaiga Nuevo. En dichas localidades los subsidios del programa pasaron de 6.153 en 2006 a 21.702 en 2010.
“En las elecciones del año pasado nos llamaron para denunciar que algunos políticos ofrecían subsidios para que votaran por ellos. Le pedimos al Gobierno que hiciera un comercial anunciando que los subsidios no dependían de los votos por uno u otro candidato. Nunca vimos el comercial. Después revisamos el calendario de entregas de subsidios y, casualmente, coincidían con que serían entregados la semana anterior a las elecciones”, recordó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Ese tipo de beneficios políticos envolvieron incluso al mismo Juan Manuel Santos. Durante la pasada campaña presidencial, a las denuncias de algunos medios de comunicación se sumaron voces como las de la también candidata Noemí Sanín, quien acusó al aspirante de la U de utilizar reuniones de Familias en Acción para hacer política.
Según Sanín, en Bucaramanga fueron citadas las madres cabeza de familia, beneficiarias del programa, con la idea de hablar de él. Pero sorpresivamente apareció Santos en ese encuentro. “Lo que hizo el candidato debe ser investigado por la Procuraduría, porque citaron a las madres por miles a una reunión de Familias en Acción y luego les apareció el ‘regalito’ que les tenían, el candidato”, agregó.
Algunas madres de Soacha se declararon temerosas de perder el subsidio si no acudían a las reuniones políticas del candidato de la U. En su momento, Diego Molano, director de Acción Social, hizo un llamado a votar libremente y reconoció que era “indebido” el uso del programa en cuñas del Partido de la U.
En ese momento Santos pensaba que los programas de Acción Social “son importantes para luchar contra la pobreza y han traído enormes beneficios, por lo tanto, los fortaleceremos”.
Hoy es el propio Jefe de Estado quien promueve los dos revolcones a la entidad, en un acto que para algunos constituye una forma de desmarcarse de su antecesor, Álvaro Uribe. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo dice: “Santos lo que debe pensar es que él ya se montó en el caballo”.
Según Robledo, Familias en Acción, además de ser un fortín electoral formidable, es un aparato clientelista y seguramente esos recursos, que serán recortados, se podrían gastar mejor: “Lo más lamentable es que también es cierto que esos colombianos están en la miseria y lamentablemente el Plan de Desarrollo no apunta a sacarlos de ese lugar y es más bien un plan de subdesarrollo”.
Para el representante liberal a la Cámara Guillermo Rivera, Familias en Acción ya camina solo. “Yo diría que el programa necesita mecanismos de graduación, para que los beneficiados no se queden eternamente en él. Y quienes estamos en servicio público no nos podemos quedar en exaltar las glorias del pasado”, dijo.
Cuando por otro lado la ley de víctimas le quita programas relacionados con este grupo de población a Acción Social, Rivera cree que es simplemente el reflejo de que a Uribe el asunto de las víctimas no le simpatizaba, mientras que Santos demuestra no sólo que está comprometido, sino que le va a dar un impulso y una institucionalidad.
“Cuando hicimos audiencias en todo el país, las víctimas se quejaban mucho de la tarea de Acción Social. Creo que Familias en Acción tiene un buen manejo, pero la especificidad de atención a las víctimas se les salió de las manos y una buena manera de legitimarlo es crear una institucionalidad especializada para ese propósito”, agregó Rivera.
El hecho de que los programas de Apoyo Integral a la Población Desplazada y Atención a Víctimas de la Violencia dejen de ser parte de Acción Social, o sea de la U y los conservadores, y pasen a terrenos de una agencia especial para las víctimas —tema liderado por el Partido Liberal—, no causa mucha simpatía entre ciertos dirigentes políticos, menos en víspera de elecciones.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, defendió que lo importante es que los programas funcionen, sin importar la institución: “Acción Social tiene una gran fortaleza técnica y una amplia presencia regional. Pero si la cuestión es quién debe manejar esos programas, si es una entidad u otra, lo importante es discutir cómo se logra una mejor atención a las víctimas de la violencia, que en este país son muchas”.
Hace dos semanas, desde Montería (Córdoba), el presidente Santos advirtió que ahora que comienza la época electoral es importante que la gente sepa que el programa es del Gobierno y por lo tanto no le pertenece a ningún partido político. “Si vienen a decirles o a engañarlos con que alguien va a acabar con el programa o lo va a duplicar, como instrumento de campaña política, no les crean”.
Para Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el hecho es que Acción Social no ha logrado ejercer el papel de coordinador del sistema, porque no promovió una respuesta efectiva en el tema de vivienda, acceso a tierras y generación de ingresos.
Tratándose de la utilización de los subsidios de Acción Social como instrumento electoral, dice que, así como le pidió al expresidente Uribe, ahora le dice a Santos que se establezcan reglas precisas para el acceso de las víctimas a estos programas, porque las que hay son aleatorias y crean un campo de discrecionalidad que puede terminar por ser utilizado por los funcionarios responsables de asignar los recursos.
“No entendemos por qué en el Cesar se ha entregado la mayoría de subsidios de vivienda. Hay que asegurar reglas de acceso, con enfoques diferenciales para desarrollar mecanismos anticlientelistas”, dijo Romero.
La pregunta ahora es si el gobierno Santos, además de incluir modificaciones en el Plan de Desarrollo y en la ley de víctimas, aprovechará las facultades especiales que está a punto de finiquitar el Congreso de la República para desbaratar la estructura que le dio Álvaro Uribe a la entidad.