“Se revertirían gravemente los avances recientes logrados para asegurar que se juzguen los abusos militares al prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública”, le escribió José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas en una carta al presidente Juan Manuel Santos.
Aun así, la plenaria de la Cámara de Representantes, con el aval del Gobierno, respaldó en cuarto debate la propuesta y, según el articulado, “de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar y Policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.
Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no se está cambiando nada de fondo frente a lo que hoy existe. “Hay delitos que nunca tendrán la condición de actos de servicios, como los de lesa humanidad o llamados internacionales, que le corresponderán a la justicia ordinaria. Cuando se trate de delitos que hubieran podido cometerse en desarrollo de una operación militar o de policía, se presumirá que son actos del servicio, pero si se comprueba que no tiene nada que ver con éste, corresponderá a la justicia ordinaria la investigación y el juzgamiento”, sostuvo.
Y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, cree que lo que establece el artículo es que “cuando en el marco de una operación militar o de una operación de policía se llegare a cometer un delito, se presumirá, en principio, como corresponde a una presunción, que se trató de un acto de servicio”. Un tema espinoso en el que el mismo presidente Santos se juega mucho, teniendo en cuenta la imagen de liderazgo que hasta el momento ha proyectado en el exterior, cimentada en, según ha dicho, el respeto a los derechos humanos y el impulso de la leyes como la de Víctimas y Restitución de Tierras.
Y así lo advierte el representante liberal Guillermo Rivera: “Va a ser muy dañino para el país. Este gobierno había aprobado una agenda en derechos humanos, una Ley de Víctimas y ahora al aprobar el fuero está borrando con el codo lo que hizo con la mano”, dijo. Según explicó, si bien el fuero existe hoy, lo que están haciendo es plantear en la Constitución una presunción de que todas las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública serán asumidas por la Justicia Penal Militar.
El también representante Iván Cepeda considera que la reforma es “regresiva” en muchos terrenos, particularmente en derechos humanos. “Este es quizás el golpe más fuerte que se le ha dado a la justicia en cuanto a graves violaciones de los derechos humanos, porque da rienda suelta a que los miembros de la Fuerza Pública incurran en este tipo de hechos y que la justicia ordinaria no conozca de estos casos. Con esto, y ya lo han dicho las altas cortes y las organizaciones de derechos humanos, se deja la puerta abierta para que a Colombia entre a operar la Corte Penal Internacional”. El presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, afirmó que “pediría que este tema se mire con lupa y con mucha responsabilidad, para que no se vaya a convertir en impunidad”.
Opiniones van y vienen. Otro congresista, el representante José Ignacio Mesa, ha señalado que fortalecer y mantener el fuero militar es un “homenaje” a quienes pelean la guerra por los colombianos. Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, habla de un “retroceso monumental”, opinión que comparte la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que opina que “debilitar las líneas de demarcación del fuero militar es peligroso”. La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Elena Ambrosi, argumenta que hay una gran “desinformación acerca del fuero” y el presidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, ha dicho que hay que mirar el tema “con lupa” y con “mucha responsabilidad”, para que “no se vaya a convertir en impunidad”.
Por ahora, aprobada la reforma a la justicia, es posible que se calme la polémica, pero es claro que el próximo año, cuando el proyecto afronte los otros cuatro debates de la segunda vuelta que aún le falten, vuelvan las discusiones y no se descarta que el artículo del fuero pueda ser retirado. Por algo el mismo ministro Esguerra reveló ayer que el Gobierno tiene listo un proyecto exclusivamente de reforma integral a la Justicia Penal Militar, que involucraría el tema del fuero penal y de la Justicia Penal Militar misma.