Con la radicación por parte del Consejo de Estado de su versión sobre la reforma a la justicia empieza la puja legislativa de la reforma constitucional más grande de la historia de la Carta Política del país. Hace una semana los ministros de Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, presentaron su propuesta al respecto, luego de un año largo en el que estuvieron debatiendo con las altas cortes esta iniciativa sin lograr acuerdos en temas sustanciales. La pelea quedó casada y será el Congreso el que tendrá que dirimir las diferencias.
Son varios los puntos en los que el Ejecutivo y las cortes difieren. Los principales tienen que ver con la reglamentación de la acción de tutela, el presupuesto que debe tener la Rama Judicial, los cambios que vendrán para el Consejo Superior de la Judicatura, la adjudicación de funciones jurisdiccionales a notarios, abogados particulares y miembros de la Rama. Y la elección de los jefes de los organismos de control.
El recién posesionado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que “no puede haber independencia si no existe presupuesto”. Sin embargo, el texto que presentó el Ejecutivo no incluyó un mecanismo que garantice esa autonomía. Por esta razón, el Consejo de Estado propuso la obligatoriedad de disponer de un 5% del presupuesto general de la Nación para este fin.
Otro de los puntos en los que hay evidentes diferencias tiene que ver con el futuro del Consejo Superior de la Judicatura. Mientras el Gobierno propone su eliminación y la constitución del Consejo Superior Judicial, con dos salas, una de Gobierno y una de Gerencia, el Consejo de Estado propone mantener esta corte, dividida en tres salas: de Gobierno, Administrativa y Disciplinaria.
Estas diferencias no son de poca monta. Porque en la propuesta del Ejecutivo el ministro de Justicia tendría asiento, sin derecho a voto en la Sala de Gobierno, la encargada de definir la formulación de políticas, planeación y regulación de la justicia. Una facultad desmedida, en palabras del presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, quien considera que esto afectaría la independencia de la Rama por la influencia que pueda ejercer el ministro.
El Gobierno, por su parte, se la juega por garantizar la eficiencia en el manejo del presupuesto de la Rama, nombrando un gerente, que a diferencia de como sucede en la actualidad, no tendrá condiciones de jurista sino de administrador.
Por otro lado, si bien tanto el Gobierno como las cortes están de acuerdo en la necesidad de reglamentar la acción de tutela, las diferencias entre las propuestas son claras. El Ejecutivo plantea que el fallo de una tutela podrá ser seleccionado y revisado por la Sala Plena de la Corte Constitucional, convirtiéndola en instancia de cierre. El Consejo de Estado no acepta la supremacía de este alto tribunal y advierte que la revisión de los fallos de tutela de parte de la Corte Constitucional “siempre deberá motivarse de manera suficiente y en debida forma”.
El Ejecutivo, en procura de descongestionar los tribunales, propuso otorgarles facultades jurisdiccionales a servidores judiciales, a notarios y a abogados en ejercicio. Por el contrario, el Consejo de Estado prefiere no improvisar y plantea el trámite de una ley que regule estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales, para no dejar éstos en manos de terceros, evitando el debilitamiento de las funciones de la Rama y salvaguardando su independencia en las decisiones.
Finalmente, el Gobierno propone eliminar la función nominadora de las altas cortes para el nombramiento de los jefes de los órganos de control y el Consejo de Estado propone mantener el esquema actual en el que los altos tribunales tienen la facultad de nominar candidatos para estos cargos.
Así las cosas, se espera que la reforma a la justicia tenga un arduo debate legislativo en el que las partes tendrán que ceder en algunos de sus argumentos y construir la mejor propuesta para la reforma de la Rama. Y será el Congreso el que finalmente dirima las diferencias para evitar así un choque de trenes entre el Ejecutivo y las altas cortes.